Petro quiere evitar costos de intermediación en salud por decreto

Aunque en reiteradas ocasiones el Presidente Gustavo Petro se ha referido al sistema de salud actual como “insostenible” o “barril sin fondo”, lo cierto es que este sistema derivado de la Constitución de 1991 es uno de los proyectos más grandes y ambiciosos que han sido desarrollados en la historia de Colombia con resultados pertinentes en la mayoría de los casos.

El sistema actual es universal, basado en un pago solidario, es decir, basado en la capacidad de pago del paciente, siendo los dos regímenes actuales, contributivo y subsidiado.

Además de esto, se nutre de una cotización obligatoria que lo hace robusto financieramente y que le permite garantizar a los colombinos un plan de beneficios tanto en atención, procedimientos y medicamentos, esto mediante el Fondo Único Nacional (ADRES) que reúne todas las cotizaciones y los recursos fiscales.

Ahora bien, en este sistema, el rol de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), son indispensables, ya que son estas entidades las encargadas de captar el ahorro y contratar servicios de las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) quienes brindan la atención médica y los servicios hospitalarios.

Así pues, son las EPS quienes se encargan además de garantizar el derecho a la salud, de gestionar la entrega de medicamentos, afiliar a los usuarios, promover y pagar las incapacidades y licencias, también verificar y regular el control y calidad del servicio, funciones que, según Gabriel Mesa Nicholls, director de Ciencias del Cuidado y la Vida de Eafit, luego de la reforma no queda claro a quien le corresponderían.

Ahora bien, el Gobierno Nacional en cabeza del presidente considera que la intermediación de las EPS le cuesta demasiado al Estado, por lo que exigen que el modelo a establecer sea de bajo costo, no se sabe claramente cómo se hará tal transformación.

Según el presidente, es crucial instaurar un financiamiento directo, ya que, en sus palabras, “Necesitamos reducir los costos de la Salud en el sistema de Salud colombiano. Nosotros, que ahora entramos a los intestinos de las EPS, fundamentalmente de la Nueva EPS, que controlamos en este momento”.

Ante esta propuesta, expertos como Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico Colombiano, advirtió que eliminar a las EPS es imposible, ya que iría en contra de la Ley 100, que está vigente, y en la que se establece la intermediación de las EPS.

En la propuesta de presidente, al extender los pagos directamente a las IPS, esto contribuiría a que los recursos no sean objeto de corrupción, sin embargo, esto no sería posible, ya que son las EPS y no las IPS quienes tienes potestad de multiplicar las unidades de valor per cápita (UPC) y garantizar el acceso a la salud tanto de cotizantes como subsidiados, por lo que si se gira directamente los recursos esto no garantiza que el acceso se mantenga efectivamente.

Salud Preventiva

Así mismo, el Gobierno Nacional también manifestó la necesidad de mantener un enfoque en la salud preventiva, sin embargo, desde el mismo gobierno no hay un concepto claro de a que se refiere el concepto de la salud preventiva, y en que dimensiones se desarrollaría.

Así pues, expertos consideran que reconocer a corto plazo es inviable la instauración del modelo de salud preventiva sin tener en la financiación suficiente, ya que independientemente de las características propias de esta propuesta, todos los modelos de salud preventiva son costosos, pues, sus resultados son a largo plazo.

Según, Rolando Peñaloza, profesor del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, el gobierno buscaba fortalecer y reactivar el desarrollo de CAP (Centros de Atención Primaria), “para lo que no era necesario ningún tipo de reforma, sino que simplemente eso está en cómo se organizan los servicios”, es decir inyectar más recursos a la atención primaria actual.

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La reforma de salud actualmente en discusión por el Congreso podría no enfrentar adecuadamente los desafíos financieros del sistema, e incluso podría empeorar el desbalance fiscal, amenazando los logros en protección financiera. La implementación de la reforma implicaría gastos adicionales, como la creación de centros de atención primaria y el aumento de salarios del personal, sin embargo, no se ha demostrado claramente la disponibilidad de fondos para estos costes. A pesar de que el Ministerio de Hacienda sugirió en noviembre de 2023 la viabilidad de estas medidas, su análisis, basado en un «escenario de factibilidad», no garantiza el respaldo fiscal necesario.