¿“Los niños no deberían estar presos”? ¿Qué hacer con los centros de reclusión para menores de edad?
Durante un año que ha sido marcado por cifras alarmantes de jóvenes aprehendidos, principalmente por delitos como Hurto y Lesiones Personales, la construcción del Centro de Justicia Juvenil Restaurativa en la localidad de Bosa, Bogotá D.C., surge como un intento loable de ofrecer segundas oportunidades a aquellos que han caído en el camino de la delincuencia.
Hasta septiembre de 2023, más de 747 jóvenes han sido aprehendidos, según datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Es en este contexto que la alcaldesa Claudia López ha impulsado la creación de “Campo Verde”, un espacio destinado a la resocialización de jóvenes infractores. Sin embargo, un reciente debate ha puesto en tela de juicio la efectividad y aceptación de este centro.
La controversia gira en torno a la decisión del Gobierno Nacional de no recibir el Centro de Justicia Juvenil Restaurativa, a pesar de la inversión considerable de más de 70.000 millones de pesos. La alcaldesa López expresó su sorpresa al revelar que el ICBF había comunicado esta decisión, generando incertidumbre sobre el futuro del proyecto.
El debate cobró fuerza en las redes sociales con el intercambio de declaraciones entre el exsubsecretario de Acceso a la Justicia en Bogotá, Alejandro Peláez, y el presidente Gustavo Petro. Peláez destacó la importancia de comparar el nuevo centro con otros existentes en Cali, Quibdó o Ibagué, señalando que algunos están ocupados por adultos que ya han estado en cárceles para mayores.
En mi opinión los niños no deberían estar presos. https://t.co/gm3acKscn3
— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 28, 2023
La respuesta del presidente Petro, enfatizando su opinión de que los niños no deberían estar presos, refuerza la postura del Gobierno Nacional de no recibir el centro de resocialización juvenil. Esta decisión plantea preguntas sobre la alineación del proyecto con la visión política del gobierno y sus estrategias para abordar la delincuencia juvenil.
En el contexto de esta controversia, como comunidad, no podemos pasar por alto la realidad social que lleva a muchos jóvenes, especialmente entre los 14 y 18 años, a caer en la delincuencia. La falta de alternativas y las amenazas del entorno son fenómenos que exigen políticas públicas efectivas para reducir las cifras de delincuencia, garantizar la seguridad ciudadana y ofrecer oportunidades reales de cambio para la juventud colombiana.
Reflexionando sobre este escenario, es perentorio abordar las raíces del problema y trabajar en la creación de programas integrales que no solo castiguen, sino que también rehabilite y ofrezca caminos viables para la reinserción social de los jóvenes. La sociedad colombiana enfrenta un desafío conjunto que requiere la colaboración entre el gobierno, las comunidades y las instituciones para construir un futuro donde la prevención y la rehabilitación sean las piedras angulares de la justicia juvenil. En este esfuerzo colectivo, la esperanza radica en la creación de políticas públicas que aborden las causas subyacentes de la delincuencia y brinden oportunidades significativas para que los jóvenes transformen sus vidas.
En el contexto de esta controversia, como comunidad, no podemos pasar por alto la realidad social que lleva a muchos jóvenes, especialmente entre los 14 y 18 años, a caer en la delincuencia.
