OpiniónZipaquirá

Derechos cruzados

Los primeros meses del 2021 han sido convulsos para Colombia. El Coronavirus no da tregua cobrando más de 70.000 vidas y los aislamientos para controlarlo generaron una contracción económica que contribuyó a ampliar el déficit fiscal del país. El proyecto de reforma tributaria para subsanar la crisis catalizó una nueva ola de protestas, cuyo cariz es la indignación social frente al gobierno, causada  por múltiples razones: la represión policial y la impunidad de sus crímenes contra la sociedad civil, una reforma que pauperiza la salud, el despilfarro presupuestal, la mala administración frente a la pandemia y la crisis económica de miles de familias, y una democracia mermada por el ausentismo de los congresistas refugiados en sus sesiones virtuales y un ejecutivo semidictatorial cobijado por el Estado de Emergencia y con miras a declarar Conmoción Interior. Todo esto justifica y legitima el Paro Nacional. En él se han realizado diferentes formas de protesta como marchas, muestras artísticas y desaforados actos de violencia. Aunque si bien la protesta indica una aguda desesperación social no deja de ser llamativo que en ocasiones resulta ser más intransigente que los reclamos demandados.

La consigna general del Paro Nacional ha sido la defensa de derechos fundamentales como la vida, la huelga, la libertad de expresión y pensamiento, y la libertad de reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. El Estado está obligado a garantizar la efectividad de los mismos porque son imprescriptibles, inviolables, inalienables e indivisibles, es decir, que cada derecho está unido al otro de tal manera que si se priva a uno se pone en riesgo la existencia del resto. La Corte Constitucional ha afirmado que ningún derecho es absoluto pues está limitado por el desarrollo del conjunto, así que al ejercer uno no puede suprimir a los demás. En el caso de la protesta resulta más que paradójico, puesto que tiende a anular derechos fundamentales como la libre circulación, la paz, el trabajo, y no ser retenido sino en virtud de una autoridad competente dentro del marco legal. Se observa así que hay quienes en “nombre del pueblo” o bajo la consigna del “bienestar común” se han tomado la atribución de vedar derechos que deberían ser ejercidos permanentemente.

Al respecto, hay dos ejemplos que sobresalen en el Paro Nacional adelantado entre abril y mayo de 2021. En el primero, acontecido en la localidad de Suba en Bogotá, una señora decidió protestar contra la reforma tributaria caminando por el carril exclusivo del sistema masivo de transporte Transmilenio, causando una extensa congestión de buses articulados impidiendo que miles de personas pudieran cumplir sus labores. La discusión giró en torno a si se debía permitir que siguiera allí para no despojarla de su derecho a la protesta o garantizar el derecho a la movilidad de una inmensa cantidad de personas. En el segundo, ocurrido en la ciudad de Zipaquirá en Cundinamarca, una agrupación de transportadores bloqueó todas las entradas y salidas del municipio, protestando por los altos costos del combustible y los peajes que reducen la ganancia de los fletes. El hecho se radicalizó al tal punto que por varios días la ciudadanía quedó totalmente encerrada en el municipio, con el agravante de que varias vías internas fueron bloqueadas confinando a la población a sus mismos barrios. Las opiniones se dividieron entre si se debía respetar el derecho a la protesta o garantizar la movilidad, el acceso a la salud y al trabajo de sus habitantes, ya que gran parte laboran en empresas de municipios aledaños o Bogotá, y los vecinos de la ciudad buscan acceso al hospital y otros servicios ubicados allí por ser cabecera regional.

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Así como hubo gente que enalteció el valor simbólico del bloqueo en Zipaquirá, otros muchos expresaron su malestar. Se señaló que se trató de un hecho delictivo, ya que mediante el uso de la intimidación y la violencia física secuestraron colectivamente al municipio prohibiendo que se abandonara la ciudad. El hecho recordó los antiguos asedios donde los enemigos cercaban todas las salidas de una ciudad para apresarla y rendirla a placer, condenándola a morir de hambre o salir para un enfrentamiento directo: en el municipio hubo riñas entre quienes bloqueaban y los que necesitaban ir a trabajar porque de no hacerlo ponía en peligro la supervivencia de sus familias.  Así mismo, se impuso un tipo de censura a quienes manifestaron serias afectaciones por no percibir ingresos al no poder laborar, por perder negocios o cosechas, o verse imposibilitados de realizar diversos asuntos, acallándolos severamente con etiquetas de indolentes, poco empáticos, personas que no sienten al país o ser parte del problema nacional, e incluso llamándolos “fascistas”.

En estos casos, es notoria la contradicción de quienes levantan la voz para defender de los derechos del pueblo, porque en su supuesta lucha en favor del bienestar de la sociedad no tienen en cuenta las múltiples y complicadas situaciones de las personas. Pareciera que la empatía que piden a la comunidad no se aplica a la inversa, realizando una cruzada contra los que no piensan como ellos, indiferentes a las afectaciones que causan a los más desfavorecidos o a quienes disienten porque los medios utilizados perjudican la vida democrática.

Con todo, es necesario reivindicar la legitimidad del Paro Nacional, de las manifestaciones que no redundan en violencia y de aquellas que no atentan contra los derechos fundamentales de los demás. Por esta razón, es imperativo reconciliar la protesta con los otros derechos para enfocarse en resolver los reclamos que la sociedad colombiana denuncia justificadamente y se pueda hallar la mejor salida a lo que parece ser el borde del precipicio nacional. No se puede permitir que una causa noble se convierta en una guerra del pueblo contra el pueblo o de pobres contra pobres por el cruce de derechos. En la ciudadanía debe primar el respeto y reconocimiento del otro, garantes de una sociedad mejor.

Cada derecho está unido al otro de tal manera que si se priva a uno se pone en riesgo la existencia del resto.

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2 Comments

  1. Uff ese columnista es muy guapo.

  2. Oportuna columna. El Paro ha sido más violento y arbitrario, asesino de empresas y de nóminas, que los 202 años de vida nacional, tras el triunfo de Bolívar en Boyacá.

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