El aumento en las tarifas del transporte público en varias regiones del país entró en revisión por parte de las autoridades. De acuerdo con lo expresado en Zipaquirá (Cundinamarca) por la ministra de Transporte, María Fernanda “Mafe” Rojas Mantilla, cerca del 70 % de las empresas investigadas no habría presentado el estudio técnico que exige la normativa para justificar el incremento del pasaje.
El hallazgo surgió tras una revisión inicial adelantada por la Superintendencia de Transporte. Según lo explicado por la funcionaria, en Colombia las tarifas del transporte público no tienen un techo definido por ley; sin embargo, cualquier incremento debe estar respaldado por análisis técnicos que demuestren las razones del ajuste.
¿Qué encontró la Superintendencia de Transporte en la revisión inicial?
La primera verificación realizada por la entidad evidenció que una proporción considerable de empresas de transporte no habría cumplido con uno de los requisitos fundamentales para aumentar las tarifas: presentar un estudio técnico que respalde la decisión.
Según lo explicado por la ministra, esta situación se detectó en cerca del 70 % de los casos revisados en el país. El requisito busca garantizar que los incrementos en el pasaje respondan a factores verificables como costos operativos, mantenimiento del servicio o variaciones económicas, y no a decisiones unilaterales.
¿Por qué las empresas deben presentar un estudio técnico para subir las tarifas?
Aunque la legislación colombiana no establece un control tarifario directo para el transporte público, sí exige que cualquier modificación en el valor del pasaje esté sustentada con información técnica.
Este estudio debe demostrar con datos concretos la necesidad del incremento. La finalidad es evitar aumentos arbitrarios que afecten a los usuarios del sistema y asegurar que las tarifas respondan a condiciones reales de operación del servicio.
¿Los alcaldes son responsables de estas irregularidades?
Durante la explicación, la ministra aclaró que la responsabilidad de presentar los estudios técnicos recae en las empresas operadoras del transporte y no directamente en los alcaldes de los municipios.
Por esa razón, el incumplimiento detectado no debe interpretarse como una falta de las administraciones locales, sino como una obligación que corresponde a las compañías encargadas de prestar el servicio.
¿Qué medidas podrían tomar las autoridades frente a estas irregularidades?
La Superintendencia de Transporte adelanta actualmente procesos administrativos que podrían derivar en sanciones y otras medidas regulatorias.
El objetivo, según lo señalado por la funcionaria, es revisar los incrementos aplicados y moderar las alzas registradas en distintos territorios del país. No obstante, las decisiones deberán respetar el debido proceso, lo que implica que las empresas tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos y la documentación correspondiente.
¿El aumento del salario mínimo influyó en el incremento de tarifas?
Dentro de las revisiones también se analiza si algunos operadores utilizaron el aumento del salario mínimo como argumento para justificar incrementos significativos en el valor del pasaje.
De acuerdo con lo expuesto por la ministra, la revisión busca evitar que ese factor sea utilizado de manera indiscriminada para elevar las tarifas sin la sustentación técnica requerida por la normativa.
El aumento en las tarifas del transporte público en varias regiones del país entró en revisión por parte
de las autoridades.
