La investigación que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra la empresa administradora de la Catedral de Sal de Zipaquirá llegó al escenario político local. La gerente de la Sociedad de Economía Mixta, Yenny Páez Sabogal, presentó un informe ante el Concejo Municipal en medio de un proceso que pone bajo revisión el modelo de comercialización del principal atractivo turístico del país.
La intervención se realizó durante dos sesiones de control político los días 14 y 15 de abril de 2026. Allí, la gerente respondió un cuestionario y entregó detalles del caso, aclarando en varios momentos que la información está limitada por la reserva legal que rige la actuación de la SIC.
Señalamientos por posible venta atada
El núcleo de la investigación se concentra en el sistema de “pasaportes”, un esquema que, según la autoridad, obligaría a los visitantes a adquirir servicios adicionales junto con la entrada al ícono turístico. Entre estos se incluyen: visitas guiadas dentro de Catedral de Sal, acceso a internet, ingreso a museos (Casa Museo Quevedo Zornoza y Museo Arqueológico), y transporte mediante el tren de salida, sin opción de comprar únicamente el ingreso.
Para la SIC, este modelo podría constituir una venta atada y un presunto abuso de posición de dominio, al condicionar el acceso al principal atractivo del complejo y restringir la libertad de elección de los consumidores.
El dato más relevante en el expediente, con las pruebas recaudadas por la SIC indican que “aproximadamente solo el 50% de los turistas que adquieren estos pasaportes estarían utilizando efectivamente los servicios adicionales, lo que reforzaría la hipótesis según la cual dichos servicios no resultarían indispensables para la visita a la Catedral y, por tanto, su inclusión obligatoria podría generar afectaciones para la libertad de elección de los consumidores y el incremento de los costos al tener que pagar no solo por el servicio que quiere, sino por los adicionales.”
Cómo se originó el caso?
La investigación comenzó el 1 de diciembre de 2023, cuando un denunciante anónimo alertó sobre presuntas restricciones en la oferta de servicios.
El caso tomó fuerza el 16 de febrero de 2024, tras una publicación periodística que vinculó a terceros contratistas dentro del modelo de operación. Posteriormente, el 14 de agosto de 2025, la Delegatura para la Protección de la Competencia realizó una visita administrativa de inspección en las instalaciones de la Catedral.
El proceso avanzó el 20 de febrero de 2026, cuando la SIC, mediante la Resolución 11832, abrió investigación formal y formuló pliego de cargos contra la sociedad y su representante legal.
La defensa de la administración
Páez Sabogal sostuvo que el modelo de pasaportes responde a criterios técnicos, económicos y jurídicos:
- Enfoque técnico y turístico: el esquema busca ofrecer una experiencia integral alineada con prácticas internacionales en destinos de alto flujo.
- Sostenibilidad financiera: permite cubrir costos operativos y garantizar la continuidad del servicio bajo una estructura de empresa de economía mixta.
- Autonomía empresarial: la sociedad cuenta con respaldo normativo para definir tarifas y organizar su operación.
La gerente advirtió que una eventual obligación de separar los servicios podría generar un impacto jurídico significativo, especialmente por la terminación de contratos vigentes con terceros, lo que abriría la puerta a reclamaciones económicas.
Cuestionamientos y posibles sanciones
El debate en el Concejo evidenció preocupaciones sobre la distribución de los ingresos del complejo y el papel de operadores privados vinculados mediante contratos de largo plazo.
En paralelo, el proceso en la SIC avanza hacia una fase determinante. De confirmarse las conductas investigadas, la empresa podría enfrentar sanciones de hasta 100.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Actualmente, el caso se encuentra en etapa de negociación de garantías, en la que la administración ha planteado alternativas para ajustar el modelo y evitar sanciones. Los detalles, sin embargo, permanecen bajo reserva.
Un desenlace con impacto directo en Zipaquirá
El desarrollo de esta investigación mantiene en expectativa al municipio, dado que la Catedral de Sal no es solo un ícono cultural, sino el principal motor económico y turístico de Zipaquirá.
Dos visiones: por un lado, una administración que busca blindar financieramente el monumento a través del empaquetamiento de servicios bajo la premisa de una «experiencia integral»; y por otro, una autoridad que prioriza la libertad de elección del turista y el cumplimiento de las leyes de libre competencia.
Si bien la gerencia sostiene una defensa técnica robusta argumentando que servicios como el tren de salida, las audioguías y el acceso a museos son complementos necesarios para garantizar una visita segura y de calidad, existe un punto clave que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha puesto en el centro del debate: el dato de que el 50% de los visitantes paga por servicios adicionales que efectivamente no utiliza.
La empresa podría enfrentar sanciones de hasta 100.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
