La Procuraduría General de la Nación (PGN) lanzó una advertencia preventiva a alcaldías, gobernaciones y entidades nacionales ante los riesgos que podrían comprometer el desarrollo de las próximas elecciones en Colombia debido a fenómenos climáticos y emergencias naturales. La preocupación se concentra en posibles inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales y afectaciones derivadas de la actual temporada de lluvias y variaciones extremas del clima en varias regiones del país.
A través de la Circular No. 002 de 2026, el Ministerio Público pidió activar planes de contingencia y acciones inmediatas para garantizar el derecho fundamental al voto durante las jornadas electorales previstas para el 31 de mayo y, eventualmente, el 21 de junio.
La directriz fue emitida por la Procuraduría Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial en ejercicio de sus funciones preventivas y de control de gestión, en un contexto marcado por alertas climáticas, afectaciones en corredores viales, crecientes súbitas y emergencias reportadas en distintos departamentos de Colombia.
Procuraduría exige medidas preventivas antes de las elecciones
El organismo de control alertó que cualquier emergencia natural podría afectar la instalación de puestos de votación, el traslado del material electoral y la movilidad de ciudadanos y funcionarios durante los comicios.
Por esta razón, pidió a las autoridades territoriales actuar con anticipación para reducir riesgos operativos y evitar situaciones que alteren la participación democrática en zonas vulnerables.
La Procuraduría recordó que la Ley 1523 de 2012 establece que los alcaldes son los responsables directos de implementar los procesos de gestión del riesgo de desastres en sus respectivos municipios y distritos. Bajo ese marco jurídico, precisó que la función del Ministerio Público consiste en realizar monitoreo y seguimiento institucional, sin intervenir en las competencias administrativas de las entidades territoriales.
El llamado adquiere relevancia en medio de las constantes emergencias registradas durante las últimas semanas en varias regiones del país, donde las lluvias han provocado inundaciones, cierres viales, pérdida de banca en carreteras, deslizamientos y afectaciones en infraestructura pública.
Alcaldías deberán revisar puestos de votación y activar planes de contingencia
Uno de los puntos centrales de la circular se concentra en las obligaciones de las alcaldías municipales y distritales. La Procuraduría solicitó realizar inspecciones técnicas preventivas en los puestos de votación para identificar posibles amenazas derivadas de lluvias intensas, deslizamientos o fallas estructurales.
Además, pidió estructurar planes de contingencia que permitan la eventual reubicación de mesas electorales si las condiciones climáticas ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos o impiden el normal funcionamiento de los centros de votación.
El ente de control también recomendó ejecutar mantenimiento preventivo en drenajes, alcantarillas y estructuras hidráulicas cercanas a los puntos de votación para disminuir riesgos de encharcamientos, filtraciones o afectaciones operativas el día de las elecciones.
Las recomendaciones incluyen acciones anticipadas en municipios con antecedentes de inundaciones, crecientes súbitas o movimientos en masa, especialmente en zonas rurales y territorios con infraestructura vial limitada.
Gobernaciones deberán coordinar apoyo logístico y técnico
La Procuraduría también dirigió un llamado a las gobernaciones para fortalecer la articulación de los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres.
Según la circular, estas instancias deberán identificar amenazas hidrometeorológicas y coordinar apoyo técnico, operativo y logístico para municipios con mayores niveles de vulnerabilidad frente a emergencias climáticas.
La intención es garantizar capacidad de respuesta rápida ante eventuales contingencias que puedan afectar el transporte del material electoral, la movilidad de los jurados o el acceso de los ciudadanos a los puestos de votación.
En varios departamentos, las autoridades ya enfrentan dificultades derivadas de temporadas de lluvias prolongadas, afectaciones en vías terciarias y emergencias por crecientes de quebradas y ríos, escenarios que podrían generar complicaciones adicionales durante las jornadas electorales.
UNGRD y Registraduría deberán reforzar protocolos ante emergencias
La Circular No. 002 de 2026 también establece responsabilidades para entidades nacionales encargadas de la gestión del riesgo y del proceso electoral.
Frente a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Procuraduría solicitó emitir lineamientos técnicos y alertas preventivas orientadas a proteger la infraestructura estratégica utilizada durante las elecciones.
El requerimiento se concentra especialmente en territorios con amenaza alta o media por lluvias intensas, incendios forestales o emergencias naturales que puedan afectar el funcionamiento de los puestos de votación.
En cuanto a la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio Público pidió identificar puestos de votación expuestos a riesgos climáticos y reforzar la capacitación de jurados, funcionarios y actores electorales en protocolos de respuesta frente a contingencias naturales.
La instrucción busca garantizar el manejo adecuado del material electoral y preservar la continuidad del proceso democrático incluso en escenarios de emergencia.
Procuraduría advierte posibles sanciones disciplinarias
El organismo de control fue enfático en advertir que el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres podría derivar en consecuencias disciplinarias para los funcionarios responsables.
La Procuraduría recordó que estas conductas pueden constituir faltas gravísimas contempladas en el Código General Disciplinario, razón por la cual anunció vigilancia permanente sobre las actuaciones de las autoridades antes y durante las elecciones.
La entidad insistió en que la adopción de medidas preventivas no solo busca proteger la infraestructura electoral, sino también garantizar la seguridad de los ciudadanos y preservar la transparencia y normalidad del proceso democrático.
En medio de las alertas climáticas que atraviesan distintas regiones del país, la advertencia del Ministerio Público aumenta la presión sobre alcaldías, gobernaciones y entidades nacionales para actuar con rapidez y evitar que las emergencias naturales interfieran en uno de los procesos institucionales más sensibles para Colombia.
Alcaldías deberán revisar infraestructura electoral y activar planes de contingencia por emergencias naturales.
