La Superintendencia de Salud, de Colombia, ha anunciado la intervención de la Nueva EPS, la entidad promotora de salud con mayor cantidad de afiliados en el país, superando los 10,8 millones de personas. Esta decisión surge tras una serie de evaluaciones, incluido un informe de la Contraloría General y la intervención de la EPS Sanitas, aunque las razones específicas aún no se han revelado públicamente.

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El proceso de intervención se suma a una serie de cambios recientes en la Nueva EPS, que incluyeron la sustitución de su presidente anterior, José Fernando Cardona, por Aldo Cadena, designado por el gobierno. Esta intervención se enmarca dentro de una estrategia más amplia del Gobierno para reestructurar el sistema de salud y evitar situaciones de quiebra o liquidación abrupta, según argumenta el presidente Gustavo Petro.

Con esta acción, el Gobierno colombiano asume el control sobre un segmento significativo del sistema de salud, que hasta el momento tiene a su cargo la gestión de 24 millones de afiliados.

Aunque no se han proporcionado detalles específicos sobre las razones detrás de la intervención, el presidente Petro mencionó la existencia de irregularidades contables, señalando un presunto desvío de fondos por parte de la Nueva EPS. Según sus declaraciones, alrededor de $6 billones destinados por el Gobierno para la atención en salud de los afiliados no fueron utilizados para dicho propósito.

La intervención de la Nueva EPS plantea interrogantes sobre el futuro de la atención médica en Colombia y habla sobre la necesidad de una mayor transparencia y eficiencia en la gestión de las entidades encargadas de brindar servicios de salud a la población.

Sin embargo, esta medida ha generado cierta controversia.

 

 

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