En 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció la agenda global 2030 con el objetivo de poner fin a la pobreza y encauzar al mundo en el camino de la paz, la prosperidad y oportunidades para todos en un planeta sano. Para lograrlo, es fundamental que los países alcancen 17 objetivos.

Entre los 17 objetivos se encuentra el ODS 1. La erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, la cual es una condición indispensable para lograr el desarrollo sostenible. Este objetivo está articulado con el ODS 2. Hambre Cero, condición humana básica y esencial.

En Colombia, la agenda 2030 es adoptada a través del CONPES 3918 de 2018 «Estrategia de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible». En este documento de política Prosperidad Social adquirió compromisos para liderar el ODS 1, y contribuir al cumplimiento del ODS 2, en especial en lo relacionado con la meta

«2.1. De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año».

Estos objetivos se han convertido en el centro de la política pública, y se constituyeron en eje central del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, y se desarrollan a través del pacto 3. Equidad. Literal K. Que nadie se quede atrás. Adicionalmente, se incluye en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, en discusión en el Congreso de la República, a través del legado “hambre cero”.

Antes de la pandemia de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19), el progreso hacia el Objetivo 1 se había enlentecido. Ahora, cuando el mundo anticipa las peores consecuencias económicas desde la Gran Depresión, decenas de millones de personas volverán a caer de nuevo en la pobreza, deshaciendo años de mejora constante.

A medida que los efectos económicos de la pandemia comienzan a sentirse con más fuerza, la importancia de contar con sistemas sólidos de protección social. (Naciones Unidas, 2020)

Esta situación tendrá repercusiones en la disponibilidad de alimentos. Dado que los efectos desencadenados por la alta inflación de alimentos, deterioro de las cadenas globales de suministro y reducción del crecimiento económico posterior al COVID-19 aumentará los índices de inseguridad alimentaria y malnutrición.

Según las cifras de pobreza monetaria extrema en Colombia, cerca de 6.1 millones de colombianos no tiene ingresos necesarios para adquirir una canasta básica de alimentos. Cifra que ha aumentado desde 2019 cuando se registró 4.7 millones de pobres extremos.

Sin embargo, la pobreza extrema e inseguridad alimentaria no distribuye de forma uniforme a nivel territorial, por lo tanto, para diseñar acciones pertinentes que contribuyan al fin de la pobreza y cerrar brechas territoriales. Esto quiere decir que los programas sociales deben incorporar acciones diferenciales que permitan a las regiones más rezagadas una mayor tasa de crecimiento y reducción de la pobreza.

A partir del marco de política, la fase IV del programa Familias en Acción incorpora acciones diferenciales territoriales para hacer frente al aumento de la pobreza e inseguridad alimentaria en Colombia.

Para identificar los municipios con una atención reforzada a través de un aumento del monto se tuvo en cuenta los siguientes insumos:

  • Prevalencia de desnutrición infantil. ICBF: municipios que registran niños y niñas que en sus primeros 1.000 días de vida presentan desnutrición crónica.
  • Mapa de pobreza multidimensional censal 2018. DANE: municipios con alta incidencia de pobreza multidimensional.
  • Municipios PDET: 171 municipios que fueron priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial por ser los territorios los más afectados por el conflicto armado.

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