Ley exige a municipios aportar para la conservación ambiental ante la crisis hídrica

En un esfuerzo por mitigar los efectos de la escasez de agua exacerbada por el fenómeno del Niño, la Ley 2320, promulgada en agosto de 2023, establece nuevas directrices para la protección del medio ambiente, centrándose especialmente en la conservación de los embalses. Según esta legislación, los municipios del departamento están ahora obligados a contribuir con al menos el 1% de sus ingresos corrientes a iniciativas ambientales.

En respuesta a la sequía actual, la Contraloría General de la Nación ha intensificado sus esfuerzos para verificar que estos fondos se estén utilizando adecuadamente. La vigilancia de la Contraloría se centra en cómo se están implementando los pagos por servicios ambientales (PSA) y en la ejecución de las adquisiciones de zonas con afluencia hídrica significativa.

Este proceso de revisión es llevado a cabo por la Subdirección de Costos Ambientales de la Contraloría, que ha comenzado una evaluación exhaustiva de la gestión fiscal ambiental de los entes municipales priorizados.

Según declaraciones de la entidad, el objetivo es garantizar que los fondos se destinen a «la adaptación al cambio climático, la restauración, rehabilitación y recuperación ecológica, o para financiar esquemas de PSA en áreas de importancia estratégica.»

Municipios de Sabana que deben aportan

Entre los municipios de la Sabana obligados a hacer estos aportes se encuentran Cajicá, Cogua y Tenjo. Estas localidades, al igual que otras en el departamento, enfrentan la presión de cumplir con las nuevas demandas financieras mientras se esfuerzan por proteger sus recursos naturales en un clima cada vez más incierto.

Esta ley fomenta la responsabilidad ambiental a nivel municipal y regional, esperando que la participación activa y financiera de estos municipios pueda contribuir significativamente a la lucha contra los efectos adversos del cambio climático y la crisis hídrica ambiental en Colombia.