Escándalo al descubierto: empresarios involucrados en robo de petróleo

Desde al año 2016, la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial (DIJIN) determinaron que existían organizaciones criminales dedicadas al contrabando y comercialización de petróleo robado desde Venezuela, mezclado con petróleo nacional y así legalizado en el territorio colombiano.

En el año 2022, Noticias Caracol reveló conversaciones en las cuales los interlocutores acordaban la falsificación de certificados de origen y de la propia naturaleza del crudo, que hacían pasar como residuo, siendo en su mayoría crudo liviano; a partir de este engaño las empresas implicadas habrían obtenido ganancias en dos sentidos: menos pagos en impuestos al reportar un producto con menor valor y millonarias ganancias al exportarlo al valor real del crudo liviano, así pues, por cada barril obtenían una ganancia de 19 dólares.

Ahora bien, en recientes investigaciones se ha determinado que la red operaba así:

– Camiones cisterna de gran capacidad eran cargados con crudo proveniente del Estado Zulia en Venezuela.

– El crudo se movilizaba hacia Colombia y era mezclado con el crudo robado del oleoducto Caño Limón-Coveñas, este último robado y transportado por mar hacia puertos, dándole apariencia de importación.

– El crudo mezclado se entregaba a las mismas empresas que financiaban el contrabando y robo del crudo, para así venderlos en ciudades colombianas y para exportación.

Es en el segundo punto donde se encuentra el apoyo del ELN en el proceso criminal, pues fue este grupo el encargado de saquear el oleoducto Caño Limón-Coveñas y posteriormente transportarlo para almacenaje en ciudades como Buenaventura.

La importancia del caso para Colombia es significativa, pues según datos revelados en las últimas horas, al menos 40 empresas legalmente constituidas fueron utilizadas para estas operaciones en una o varias fases del proceso, además Ecopetrol sería el mayor perdedor de la historia con un daño económico que sobrepasa los $60.000 millones.

Ahora bien, no solamente este caso está activo en Colombia, sino que también ha llamado la atención de Estados Unidos, ya que nacionalizando el petróleo traído de Venezuela se quebrantaban las sanciones del Gobierno Trump y se realizaban lavado de activos.

El desarrollo de este engaño habría dejado para los involucrados una ganancia mensual de más de 10 millones de dólares, es por este motivo que la Fiscalía General de la Nación juzga estas acciones como delitos, principalmente: concierto para delinquir, apoderamiento de hidrocarburos y falsedad en documento privado.

Recientemente, se presentaron públicamente los nombres de los empresarios que estarían involucrados en esta red de engaños, entre ellos: Hernando Silva Bickenbach quien a cargo de su empresa Niman Commerce S.A.S., mercantilizó el petróleo asaltado del oleoducto Caño Limón-Coveñas; Roger Arturo Gale Gutiérrez, quien a través de Gunvor Colombia se encargaba de falsificar el tipo de petróleo y facilitaba el reingreso del crudo robado del oleoducto Caño Limón-Coveñas; Paola Margarita Martínez Sánchez representante legal de Swiss Terminal Barranquilla, indagada por la Fiscalía por complicidad con Silva Bickenbach para fortalecer el ente criminal llamado “Bukering Imperio”, sería Martínez quien legalizaba el petróleo robado y lo reintegraba al territorio nacional para su comercialización.

Gracias a las investigaciones realizadas por los entes colombianos, se pudo incautar bienes de los investigados por un valor de $1,3 billones, dentro de los cuales se hallan lujosos edificios, automóviles de gama alta, terrenos y casas.

A pedido del presidente de la República, Gustavo Petro, se espera que también sean investigadas personas relacionadas con Ecopetrol para determinar si hubo colaboración de funcionarios en esta red de corrupción que ha afectado tanto al sector energético del país como al Estado en su totalidad.