Hace más de 30 años, estas familias viven el calvario y la desilusión de no poder acceder a vivienda propia ‘gracias’ al exconcejal de Bogotá y candidato al Congreso de la República, Mariano Enrique Porras.
*Recorte de periódico de hace más de 35 años en la que Mariano Enrique Porras convocaba a la gente para presentarles el Proyecto de vivienda y su aspiración política (Tomada del portal web La Verdad Sea Dicha).
Con falsas promesas y triquiñuelas, Porras Buitrago, para entonces concejal de Bogotá y candidato al Congreso, llenó de ilusiones a más de 200 familias en Zipaquirá, y no le cumplió a ninguna, dejándoles un problema, hoy heredado, que aún no se soluciona.
Lo propio hizo en otras ciudades y municipios abandonando a las comunidades, dejándolas a la deriva y escabulléndose de la justicia, quienes asumieron serios y dolorosos litigios.
Desde entonces se surtieron demandas y contrademandas de la familia Navas quienes eran los dueños del terreno, argumentando que el señor Porras Buitrago no les había cancelado los valores acordados del predio para el proyecto.
Los afectados dicen que ellos le pagaron al urbanizador pirata con recursos propios y otros, obtenidos gracias a rifas, bazares, fiestas y donaciones.
El urbanizador estuvo en la cárcel unos meses por otras demandas, salió y según algunas personas, se fue para Venezuela y no se volvió a saber nada de él.
Mientras tanto, el litigio continuó entre la familia Nava y quienes ostentan la propiedad.
Se crearon dos asociaciones de vivienda, entre ellas Ciudad Jardín, pero sus representantes iniciales no resultaron con nada.
Una joven mujer, heredera del litigio y de nombre Johanna López Saavedra, tomó las riendas de la Asociación, y ha luchado hasta el día de hoy, acompañada por los que habitan el predio, defendiendo a pies y manos el proyecto y recurriendo a muchas entidades y formas para hacerse sentir.
De parte y parte, se presentaron muchos recursos jurídicos en diferentes instancias y finalmente se inició un proceso de desalojo a favor de la familia Navas.
En Zipaquirá, el Juez Tercero Civil Municipal, Rodrigo José Pineda Rodríguez, recibió la orden para que mediante diligencia se proceda al lanzamiento de quienes habitan allí, porque según juristas no había más recursos que interponer.
El Personero de Zipaquirá, Miller Mauricio Castro Duque y su equipo de trabajo con la Defensoría del Pueblo y representantes de la Procuraduría, han acompañado el proceso para garantizar los Derechos Humanos y vigilar que no vayan a haber agresiones contra las familias allí, hasta hoy residentes, especialmente a niños y adultos mayores.
Según el último fallo judicial, los habitantes tenían un plazo máximo de entregar el predio a más tardar el 22 de abril de 2020, pero por la pandemia del covid 19 que llegó a Colombia no se pudo cumplir con esta decisión judicial en la fecha prevista.
En la mañana del miércoles 24 de marzo, el Juzgado había convocado a representantes de 13 familias para continuar con la diligencia de desalojo que se había realizado el 4 de marzo del año anterior, pero por no haber garantías adecuadas de bioseguridad, Miller Mauricio Castro Duque, personero de Zipaquirá, solicitó al juzgado aplazamiento de la diligencia, a lo cual el juez accedió.
Se surtieron otras convocatorias de desalojo, sin embargo, por diferentes causas fueron suspendidas.
Para la diligencia de hoy jueves 11 de noviembre, llegó la policía y El ESMAD, donde al principio hubo un altercado que se consiguió superar.
Los habitantes del predio estaban a la expectativa y argumentaban que no iban a salir del predio, porque según ellos les pertenecía.
Hubo llantos, ruegos, arengas y oraciones a Dios Todo Poderoso para que no los fueran a desalojar.
El juez, la Personería, Defensoría del Pueblo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Secretaría de Gobierno de Zipaquirá y otros organismos se retiraron al Puesto de Mando Unificado (PMU) a deliberar la situación del momento a puerta cerrada en el Salón Comunal del Barrio El Prado.
Finalmente se decidió en el PMU volver a aplazar, hasta nueva orden la diligencia, debido a temas logísticos.
Hubo gritos de júbilo por parte de los residentes y lagrimas de emoción porque habían logrado ganar una nueva batalla.
Ante esta decisión, la Policía y el ESMAD se retiraron y los habitantes de Ciudad Jardín tuvieron un nuevo respiro.
El ESMAD seguramente volverá si no hay una decisión judicial a favor de la comunidad.
Se está a la espera de una nueva y milagrosa decisión, sin embargo la diligencia continúa y vendrá un capítulo más de esta crónica ciudadana que pareciera de nunca acabar.
