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Por solicitud del personero de Zipaquirá fue aplazada diligencia de desalojo

En la mañana de ayer miércoles 24 de marzo, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Zipaquirá había convocado a representantes de 13 familias para continuar con la diligencia de desalojo que se había realizado el 4 de marzo del año anterior, quienes tenían un plazo máximo de entregar el predio a más tardar el 22 de abril del año anterior, pero por la pandemia del covid 19 que llegó a Colombia no se pudo cumplir con esta decisión judicial en la fecha prevista.

Por lo anterior y después de un año, el Juzgado tuvo que continuar con la diligencia, sin embargo, muchas personas que integran esta comunidad afectada asistieron al terreno desesperadas con la ilusión de encontrar otra salida a su favor pero ya estaba la decisión judicial en firme.

A la diligencia asistió el Personero de Zipaquirá, Miller Mauricio Castro Duque, como garante de los derechos humanos y ciudadanos, pero al ver que no estaban las condiciones de bioseguridad suficientes y no se respetó el distanciamiento, le solicitó al juez que hasta tanto no tengan las garantías de salubridad se aplace la diligencia, a lo cual el juez accedió a esta petición verbal.

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Algunas de las edificaciones ya construidas.

Con base en la solicitud de Castro Duque, el Juez Tercero Civil Municipal, Rodrigo José Pineda Rodríguez, se dirigió inmediatamente a la comunidad manifestando que se abstiene de continuar con la diligencia hasta se garantice a todos los asistentes y a las autoridades la práctica de la diligencia en condiciones de tranquilidad y bioseguridad: “Esta diligencia no tiene porqué estar con todas estas personas aquí.  Esta diligencia se tiene que llevar a cabo con las trece personas, representantes del mismo número de familias que están relacionadas en el documento resumen de la diligencia realizada hace un año, donde se hizo entrega del resto del predio, por lo tanto el control del resto del predio le corresponde a la parte interesada. Esta diligencia era para entregar los predios que faltaban, en consecuencia me abstengo de desarrollarla y la declaro terminada por imposibilidad física y por falta de condiciones de bioseguridad”, concluyó el juez tercero civil.

Se espera que se programe en los próximos días la continuación de la diligencia de desalojo, sin embargo familias que construyeron sus casas de una y hasta tres plantas, mediante apoderados exigen que les paguen las construcciones y les adjudiquen otro lugar adecuado para vivir.

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Personero de Zipaquirá

Un pleito de más de 30 años.

Desde hace 30 años estas familias viven el calvario y la desilusión de no poder acceder a vivienda propia desde que Mariano Enrique Porras Buitrago, siendo concejal en la Capital de la República y que aspiraba a ostentar otros cargos públicos e la Cámara de Representantes y en el Senado de la República, empezó a recaudar dineros en diferentes ciudades con el fin, mediante promesas de entregarle a familias un terreno que por intermedio de un plan de autoconstrucción, respaldado por su propio ‘movimiento político’ llamado Unión Nacional Independiente y Renovadora (UNIR), tendrían vivienda propia, pero finalmente a nadie le cumplió y si dejó muchos problemas y grandes desilusiones que aún no terminan.

Porras Buitrago convocó a familias en Zipaquirá manifestando que había adquirido gran un terreno en inmediaciones de los barrios La Esmeralda y El Prado, donde concluye hoy la carrera 10 con calle 18 de este municipio solicitando dineros a quienes estaban inscritos al proyecto, quienes se endeudaron y realizaron varias actividades como rifas, bazares, fiestas y otros para entregarle las ganancias al ‘urbanizador’, prometiéndole a los inscritos que el proyecto duraría máximo 18 meses, tiempo durante  el cual las familias le consignaron periódicamente sumas entre cincuenta mil ($50.000) y un millón quinientos mil (1’500.000) en ese entonces, en sus cuentas bancarias. El urbanizador y político fue dilatando el proceso de auto construcción y no precisó donde estaban los recursos, y las más de 200 personas afectadas le exigían explicaciones de por qué no le había dado comienzo a la prometida construcción de las viviendas, además que le increpaban el por qué, no contaba con los permisos necesarios para desarrollar tal actividad.

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La familia Navas, dueña del predio demandó porque según ellos, el señor Porras Buitrago nunca les canceló los dineros, por tanto el terreno debería volver a sus antiguos propietarios, situación que generó una serie de acciones jurídicas y el caso llegó a diferentes instancias dándole la razón a los antiguos propietarios del terreno y causando la tipicidad de posible estafa del político Porras Buitrago, entre otra serie de delitos.

Los afectados posteriormente se vincularon a unas Asociaciones de Vivienda cuyos directivos se sumaron a una serie de demandas contra Porras y contra la Familia Navas, solicitando dineros para interponer acciones judiciales y contratar abogados para llevar estos procesos pero todo fue infructuoso porque finalmente la justicia le dio la razón a la Familia Navas.

El paradero de Mariano Porras: un misterio.

El ex concejal de Bogotá Mariano Enrique Porras, además de estafar a familias en Zipaquirá también lo hizo en otras ciudades como en Bogotá, en los sectores de Engativá y Patio, en Tuluá y en los Llanos Orientales. Fue declarado a mediados de junio de 2005, culpable en algunos de los procesos con los delitos de estafa y urbanización ilegal, siendo condenado a 67 meses de prisión y el pago de una multa de $500.000, pero aún quedaron haciendo falta otras investigaciones que no concluyeron.

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Hoy no se precisa el paradero de Porras Buitrago, algunas fuentes dicen que se fue a vivir a Venezuela donde presuntamente falleció, pero a ciencia cierta se perdió siendo su paradero hoy un misterio.

Mientras tanto el drama de muchas familias no termina y están pero que hace 30 años: sin casa, sin terreno y sí con unas deudas económicas en los bancos a los cuales no saben cómo pagar ni a dónde irse a vivir.

Recorte de periódico de hace más de 35 años en la que Mariano Enrique Porras convocaba a la gente para presentarles el Proyecto de vivienda y su aspiración política
(Tomada del portal web La Verdad Sea Dicha).

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Familias que construyeron sus casas de una y hasta tres plantas exigen que les paguen las construcciones y les adjudiquen otro lugar para vivir.

Foto portada: Algunos afectados en el predio Ciudad Jardín.

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