El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (TAC), a través de la Sección Segunda, Subsección C, confirmó parcialmente una sentencia que protegió los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la propiedad privada de dos ciudadanos que llevan cerca de seis años esperando una respuesta de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) frente a la legalización de predios rurales.
La decisión judicial expone nuevamente las dificultades que enfrentan cientos de campesinos y propietarios rurales en distintas regiones del país, donde los trámites agrarios avanzan lentamente y, en muchos casos, permanecen estancados durante años sin decisiones de fondo.
De acuerdo con el fallo, los accionantes radicaron sus solicitudes ante la ANT desde septiembre de 2020. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, el procedimiento seguía en etapa preliminar, sin avances concretos ni explicaciones suficientes que justificaran la prolongada inactividad administrativa.
El Tribunal descartó ordenar la legalización directa de los predios
La Corporación precisó que la acción de tutela no podía utilizarse para ordenar directamente la expedición del acto administrativo definitivo que legalizara los predios, debido a que esa determinación corresponde exclusivamente a las competencias técnicas y jurídicas de la Agencia Nacional de Tierras.
No obstante, el TAC fue enfático al señalar que la ausencia de avances durante un periodo tan prolongado sí configuró una afectación a derechos fundamentales, especialmente porque la entidad no logró demostrar razones suficientes que explicaran la demora.
Para el Tribunal, mantener un trámite agrario prácticamente paralizado durante cerca de seis años desconoce principios básicos de la administración pública y afecta directamente a ciudadanos que esperan definir jurídicamente la situación de sus propiedades rurales.
Órdenes a la ANT para destrabar el proceso agrario
Frente a la situación evidenciada en el expediente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca impartió varias órdenes dirigidas a acelerar el procedimiento y evitar nuevas dilaciones.
Entre las medidas adoptadas, la ANT deberá evaluar, en un plazo de quince días hábiles, si las solicitudes relacionadas con los predios de los accionantes cumplen los requisitos para su inclusión o exclusión en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO).
Asimismo, la entidad tendrá treinta días hábiles para elaborar el informe técnico-jurídico preliminar, documento considerado fundamental para definir la ruta de formalización de los terrenos y avanzar en el procedimiento agrario correspondiente.
La decisión también ordenó a la Agencia Nacional de Tierras impulsar de oficio los procesos relacionados con la formalización de predios rurales, aplicando principios de eficacia, economía y celeridad administrativa.
El TAC pidió eliminar barreras y evitar más retrasos
En uno de los apartados más relevantes del fallo, el Tribunal exigió eliminar obstáculos meramente formales que terminen frenando los procesos administrativos y advirtió sobre la necesidad de evitar decisiones inhibitorias, retrasos injustificados y dilaciones que prolonguen indefinidamente las solicitudes ciudadanas.
La Corporación también dispuso que la ANT deberá mantener informados a los interesados mediante reportes semestrales sobre las actuaciones adelantadas frente a cada solicitud de formalización.
En caso de nuevas demoras, la entidad tendrá la obligación de explicar de manera clara, concreta y sustentada las razones que originan los retrasos, una exigencia que busca fortalecer la transparencia en los procedimientos agrarios.
Formalización de tierras: un problema que sigue afectando a miles de familias rurales
El pronunciamiento judicial vuelve a abrir el debate sobre la situación de la formalización de tierras en Colombia, especialmente en regiones rurales donde numerosos ciudadanos enfrentan largos procesos administrativos para obtener seguridad jurídica sobre sus predios.
Expertos en asuntos agrarios han advertido en distintas oportunidades que la lentitud en estos procedimientos no solo afecta el derecho a la propiedad, sino también el acceso a créditos, proyectos productivos, programas estatales y posibilidades de inversión en el campo.
La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se convierte así en un nuevo llamado de atención sobre la necesidad de acelerar los trámites agrarios y fortalecer la capacidad institucional de la Agencia Nacional de Tierras para responder de manera oportuna a las solicitudes de formalización rural.
Mientras tanto, el caso de los dos ciudadanos que acudieron a la justicia refleja una problemática que continúa golpeando a miles de familias campesinas en Colombia: años de espera, incertidumbre jurídica y procesos administrativos que, en muchas ocasiones, avanzan mucho más lento de lo que exige la realidad del campo colombiano.
El TAC exigió eliminar barreras administrativas que
prolongan indefinidamente la legalización de predios
rurales en Colombia.
