By El concejal de Bogotá Diego Andrés Cancino (Alianza Verde), radicó denuncia penal por presuntos hechos delictivos sucedidos durante el proceso de elección de los representantes de las ONG ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), para el período 2020-2023 y señaló que es imposible tramitar una Ley Orgánica para regular la región metropolitana sin tocar la CAR. “Es poner al lobo a cuidar las ovejas”, dijo.
Según Cancino, “la CAR, máxima Autoridad Ambiental en la región con poder de decisión sobre todo lo que se hace en el territorio está cooptada por intereses económicos y políticos ilegítimos alejados del bienestar ambiental del territorio que ya han sido denunciados ampliamente. Nosotros sí tenemos que meternos con la CAR porque Cundinamarca está cooptada por la CAR, es un riesgo inmenso porque los ordenamientos territoriales dependen de esa Corporación y tiene mucha incidencia en el tema ambiental”.
El concejal manifestó que ante la Fiscalía General de la Nación puso denuncia penal para que se investigue presuntos hechos de corrupción: “Pusimos una denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación para que investigue una presunta red que concentra el poder en la CAR, en cabeza de los señores Luis Alejandro Motta y Andrés Iván Garzón, representantes de las ONG ante el Consejo Directivo de la CAR por más de 20 años y que nuevamente fueron reelegidos para el periodo 2020-2023. Estos señores al parecer montaron un carrusel para atornillarse todo este tiempo en ese cargo”.
Según el cabildante de Bogotá, “el presunto carrusel se maneja de la siguiente manera:
- Encontramos que de las 112 ONG que votaron por Garzón, Motta o por ambos, 40 de ellas (35.7%), están registradas en el mismo barrio, la misma cuadra o la misma dirección: tres en Girardot, 25 en Pacho, siete en Bogotá y cinco en Fusagasugá, estas últimas registradas en una de las propiedades de Motta.
- Además del domicilio registrado,llama la atención la fecha en la que fueron registradas las ONG que votaron.De las 112, 42 ONG (37,5%) fueron registradas en 2.000 y, de esas, 34 fueron registradas en el mes de septiembre del mismo año. Algunas de ellas incluso fueron registradas el mismo día. Curiosamente esto coincide con el tiempo que llevan los representantes en el consejo de la CAR.
- Por otro lado, al identificar a los representantes legales de las 112 ONG que votaron por estos señores, encontramos que 39 de ellas (34,8%) son representadas por 18 personas, cada una de estas personas representa dos o más ONG. Asimismo, 33 de esos representantes legales ocupan cargos en las juntas directivas de 53 ONG (47.32%). Tanto la ONG que postuló al señor Motta como la que postuló a Garzón hacen parte de esas organizaciones que comparten redes de representantes y miembros de Juntas Directivas”.
De acuerdo con Cancino, “el manejo de los recursos de la CAR es tan oscuro que la Contraloría General de la República informó que sus estados financieros no son confiables (2018 y 2019). El concepto de opinión negativa o adversa de la Contraloría (2019) se basan en los errores u omisiones en la información financiera, pues los estados financieros no dan cuenta de la situación de dicha Corporación e incluso señalan algunos posibles detrimentos fiscales”.
La CAR Cundinamarca maneja cerca del 70% de los recursos totales de todas las CAR a nivel nacional. En 2018 estas instituciones tenían recursos por cerca de $1,5 billones, y de esos 1 billón era administrado por la CAR Cundinamarca, lo que evidencia una clara concentración de los recursos para garantizar el cuidado y el mejoramiento ambiental.
Además el 72% de los recursos de que dispone esta entidad provienen del Fondo para las Inversiones Ambientales en la Cuenca del Río Bogotá (FIAB), este Fondo se alimenta del 15% de los recursos recaudados a través del impuesto predial del Distrito. Así pues, “la CAR depende en gran medida de las contribuciones de los y las bogotanas, de ahí la importancia de tener en cuenta esta realidad en la nueva forma de asociatividad que se está proponiendo, pues de lo que se trata es de una entidad que debe cuidar y garantizar la vida”, puntualizó Cancino.
Según Cancino, “la CAR está cooptada por intereses económicos y políticos ilegítimos alejados del bienestar ambiental”.
