Cundinamarca: Errores en actualización catastral

Para el departamento de Cundinamarca, el catastro permite conocer y censar los bienes inmuebles asentados dentro del territorio, registrando datos exactos o relativos sobre sus características, determinando su valor y permitiendo conocer la situación jurídica y económica de los propietarios del inmueble; todo esto está encaminado a la captación de recursos a través del cobro de impuestos a dicha propiedad inmobiliaria, como son el de traslación de dominio y el predial, entre otros, y eso se puede realizar si se cuenta con un catastro municipal.

¿Qué está pasando con el catastro en Cundinamarca?

Tal parece que, en el mes de marzo del presente año, el medio de comunicación Blu Radio, recibió una denuncia por parte de un habitante del municipio de Sutatausa (Cundinamarca), donde este expresaba que el impuesto predial tenía un incremento de hasta un cinco mil por ciento (5.000%), quien ha estado al frente de dicha situación es el expersonero del municipio Jairo Augusto Alfonso y explico lo que viene sucediendo en Sutatausa.

El catastro multipropósito está constituido bajo el artículo 104 de la ley 1753 de 2015, ley que le dio vida al plan de desarrollo de 2014 a 2018, bajo el mandato del expresidente Juan Manuel Santos “Todos por un nuevo país”. Dicho artículo consiste en obtener toda la información necesaria para saber a quién pertenece el terreno a estudiar y saber realmente cuánto vale.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) es el gestor catastral de Colombia y el encargado de levantar dicha información requerida, sin embargo, en el año 2019 se expidió el decreto 1983, el cual descentraliza la gestión catastral y les dice a los departamentos y municipios que, si cuentan con el personal técnico, muestran músculo financiero y acreditan experiencia pueden ser gestores catastrales.

Bajo esto, la CAR y el departamento de Cundinamarca firmaron un convenio interadministrativo por cincuenta mil millones de pesos con el que la gobernación podrá constituirse como gestor catastral y realizaría la actualización de 25 municipios del departamento.

Entonces, la gobernación fundo la Agencia Catastral, la cual está contratada a la inmobiliaria del departamento para ejecutar la actualización, sin embargo, la inmobiliaria no hace las actualizaciones catastrales y por ello contrata a Cityland Analytics SAS, una empresa privada encargada de hacer todo el levantamiento catastral para la Gobernación de Cundinamarca.

Lo que se logró encontrar fue el incremento en el predial de distintos municipios del departamento, en donde muchos casos alcanzaban al 5.000 %, propietarios que cancelaban 500.000 pesos, pasaron a pagar 8 millones en municipios que ni cuentan con carro de bomberos.

Si bien se sabe, en varios municipios no se realizaba la actualización de catastro hace más de 15 años, la ley 44 de 1990 dice que no puede incrementar el avaluó en más del doble del año anterior, es decir, no pueden cobrar de un año a otro lo que se dejó de cobrar en 15 años.

Hoy, la Agencia Catastral tiene jurisdicción en 76 municipios, de los 116 los restantes se habilitaron como posibles gestores frente al IGAC. Soacha presenta gigantescos problemas, pues cuenta con 20.000 órdenes de embargo y Girardot embargo su municipio a 20 años por la actualización.

Una de las personas que ha estado al frente de esta situación respecto al tema de alzas desbordadas es Wilson Flores, diputado de Cundinamarca. Pues logro llevar el tema a la agenda de la Comisión Accidental creada por el Congreso de la República con el fin de revisar las denuncias sobre el levantamiento de datos para la actualización catastral.

«Se hizo una actualización catastral que resultó siendo catastrófica. Hicimos un debate de control político en donde nos dimos cuenta de que los resultados de la actualización catastral estaban mal hechos. Evidenciamos que no se visitaron los predios, que no se cumplió la ley en cuanto a la socialización. Hay avalúos que superaron hasta un 1.400 %, predios que costaban 50 millones de pesos en zonas de veredas y ahora, según la actualización, alcanzan los 1.500 millones de pesos. No le contaron nada a las personas, sino que les enviaron sus recibos. La gente está desesperada», explicó Flores en Blu radio.

Como posibles soluciones pueden ser: Suspender las resoluciones expedidas en virtud del convenio interadministrativo, lo cual generaría un detrimento de cincuenta mil millones de pesos o que el Gobierno Nacional aplace la entrada de vigencia de dichos cobros mientras hace nuevamente el avaluó catastral en el departamento.

Pero la respuesta a esto la debe dar el DANE, pues los afectados oficiaron al presidente comentándole lo sucedido y será el gobierno quien tome la decisión.

Por otra parte, la superintendencia de Notariado abrió una investigación contra la Agencia Catastral del departamento de Cundinamarca, mientras que la gobernación departamental culpa a la ley asegurando que debe ser modificado el impacto fiscal entre el avaluó comercial y catastral.

Si no actualizan catastro como corresponde, no tendrán inversión directa de la región metropolitana.