El tráfico ilegal de especies silvestres sigue siendo una de las principales amenazas para la biodiversidad del país. Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se fortalecen las acciones para hacerle frente a este delito y cerrarle el cerco a la oferta, el tránsito y la demanda de fauna, flora y productos derivados.

De la mano de las autoridades ambientales del país, los institutos de investigación, Fiscalía, Ejército y Policía Nacional se han puesto en marcha acciones concretas y efectivas en materia de prevención y control al tráfico ilegal de especies silvestres en diferentes regiones del territorio nacional, incluyendo las áreas naturales protegidas. Se han hecho procedimientos exitosos en carreteras, fronteras, aeropuertos y terminales de transporte.

Como resultado de estas acciones, se recuperaron del tráfico ilegal en Colombia, entre los años 2010 y 2019, cerca de 114 mil especies de fauna, entre estas reptiles, aves y mamíferos. Gracias a las labores de la Policía Nacional a través de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, en 2020 se incautaron 19.580 especímenes de fauna y 202.255 de flora.

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“La conciencia y la educación ambiental son las rutas a través de las cuales todos comprenderemos mejor que al cuidar la fauna y la flora estamos cuidando la vida en el planeta. Se ha avanzado mucho en este sentido, pero falta. No se trata de poner restricciones ni de un asunto de normatividad solamente, sino de que cada uno de nosotros juegue el papel que el planeta y nuestra inmensa biodiversidad nos piden: establecer una relación sana, amable y respetuosa con la naturaleza. Seguiremos, en todo caso, fortaleciendo las alianzas con las otras entidades del Estado y las comunidades para combatir decididamente el tráfico ilegal”, dijo el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa.

En los últimos años se han endurecido las sanciones. Ejemplo de ello es el Código Penal, en el que se establecen penas de entre 32 y 90 meses de cárcel, así como multas de hasta 15.000 salarios mínimos para quienes incurran en el delito de tráfico ilegal de animales silvestres. Así mismo, el nuevo Código de Policía incluyó medidas correctivas para quienes cometan este tipo de actividad ilegal.

Como complemento a estas acciones, y en un ejercicio de articulación con las autoridades ambientales del país, se ha logrado consolidar una infraestructura que permite atender el manejo y la disposición de los especímenes que son incautados. Colombia cuenta con 12 hogares de paso, 17 Centros de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAVS) y 12 Centros de Atención, Valoración y Rehabilitación (CAVR).

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Trabajo articulado: una apuesta por nuestra biodiversidad

Con el propósito de identificar, priorizar, orientar, coordinar, articular y ejecutar acciones encaminadas a la disminución del tráfico ilegal, desde 2002 el Ministerio de Ambiente viene fortaleciendo la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Tráfico Ilegal de Especies Silvestres, que además plantea alternativas productivas sostenibles que sustituyen dicho ilícito, a partir de la coordinación entre las diferentes instituciones y demás actores directa o indirectamente responsables de la gestión ambiental.

En esta misma ruta, en el marco de las agendas de los ministerios de Ambiente, Defensa, Transporte y Comercio se han desarrollado desde 2010 diferentes acciones de fortalecimiento institucional sobre todo en capacitaciones a las Fuerzas Armadas de Colombia y en prevención a los viceministerios de Turismo y a las terminales aéreas y terrestres.

Detener el tráfico ilegal de especies es una consigna a nivel internacional, por eso el Minambiente ha puesto en marcha la Red Binacional para el control del Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre en la Zona de Integración Fronteriza Ecuador-Colombia, y avanza en la construcción de la estrategia sobre prevención, control y manejo sostenible de los recursos forestales de fauna silvestre e hidrobiológicos en la Zona de Integración Fronteriza Perú-Colombia, con el objetivo de fortalecer el aprovechamiento sostenible de estos recursos.

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El nuevo Código de Policía incluyó medidas correctivas para quienes cometan este tipo de actividad ilegal.

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