Chivor II-Norte UPM, la manzana de la discordia entre Tabio y el Grupo de Energía de Bogotá

Los habitantes de Tabio (Cundinamarca) llevan varios años evitando que continúe el proyecto de torres de energía eléctrica Chivor II-Norte UPM, el cual está a cargo del Grupo de Energía de Bogotá (GEB).

La obra, proyectada a comenzar operaciones en 2025, se divide en cuatro subestaciones: Bakatá 230 kV, Chivor 230 kV, Norte 500 kV y San Luis 230 kV. Dos estarán ubicadas en 13 municipios de Cundinamarca y las otras dos en 7 de Boyacá, y todo se conectará mediante 292 torres de energía nuevas, según lo publica el diario El Espectador con la periodista Sara Daniela Caicedo Niño.

La versión de la ciudadanía

Las principales preocupaciones de los tabiunos, por las torres de energía, son tres:

• El impacto ambiental del proyecto.
• La falta de socialización.
• La invasión a predios privados.

Sin embargo, el GEB ha aclarado que toda se ha hecho legalmente, respetando a la comunidad y al medio ambiente.

Patricia de Bedout, veedora de Tabio, comentó a El Espectador: “desde 2021 conformamos una veeduría para el control del proyecto, debido a que la licencia definitiva la dieron el año pasado, casi que a puerta cerrada entre el Grupo de Energía de Bogotá (GEB) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)”.

El no conocer cuando se entregó la licencia y los detalles del proyecto demuestra que, según la veedora: “los han tenido en un engaño, mentiras y burlas permanentes”.

A pesar de esto, los focos principales van hacia el medio ambiente y las afectaciones que podría tener debido a este proyecto. Según la veedora, las torres afectarían a 17 quebradas, 7 microcuencas y los acueductos veredales, mostrando que de las 18 torres que se ubicarían en Tabio (de la 64 a la 81), 13 tendrían problemas de ubicación.

Algunos ejemplos de estos problemas de ubicación son el de la torre 72 y la torre 75, referente a la primera, Bedout explica: “no han podido hacer nada, porque la CAR comprobó que está cerca de un nacimiento de agua y no cumple con la distancia requerida para construir cerca de estos ecosistemas”. En el caso de la torre 75, esta se ubica en un predio que pertenece a una fundación para niños víctimas de la violencia y el conflicto armado, debido a la invasión del lugar, el propietario interpuso una tutela, la cual fue rechazada.

Referente a la torre 75, Guillermo Romero, abogado del caso, menciona: “una de las magistradas que participó en la decisión es la mamá de una trabajadora de esa empresa y otra es cuñada de otro funcionario de GEB. En vez de declararse impedidas fallaron en contra”.

A su vez, para lograr preservar el medio ambiente, se interpusieron una solicitud de nulidad y suspensión inmediata de las obras antes el Consejo de Estado, además, en la Procuraduría General de la Nación se presentó una queja debido a que el proyecto se lleva a cabo en una zona donde habita el tigrillo lanudo. El 30 de julio de 2018, la magistrada Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, impuso una medida cautelar contra la obra, lo que presentó una victoria para el municipio, sin embargo, dicha medida ya se levantó.

La versión de la compañía

Por otro lado, el Grupo de Energía de Bogotá (GEB) menciona que siempre han atendido en debida forma las quejas de la comunidad, a tal punto que las autoridades siempre les han dado la razón, además, destacan los procesos de socialización llevados a cabo, y que se encuentran grabados, pues sin estos la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) hubiera rechazado el proyecto.

Según la compañía, el proyecto es de suma importancia para la seguridad energética del centro de la nación, esto debido a que las torres de energía que actualmente alimentan a la región son demasiado viejas y representan un gran riesgo, además, se busca garantizar la calidad energética en una zona que produce el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Alejandro Giraldo, gerente ambiental de transmisión de la empresa, menciona lo siguiente frente a las quejas por el impacto ambiental: “estos proyectos son de bajo impacto, porque lo que hacemos es ubicar una torre con un cimiento promedio de 3 o 4 metros, no es de 40 como lo señala la comunidad, en este tema hay mucha desinformación”.

Por último, concluye la investigación de El Espectador, que la empresa es consiente que, por ley, tienen que hacer compensaciones ambientales en ciertos puntos, debido a que si existe un impacto ambiental.

La obra se divide en cuatro subestaciones, dos estarán en 13 municipios de Cundinamarca y las otras dos en 7 de Boyacá, y todo se conectará mediante 292 torres de energía nuevas.

Foto portada y otras: imágenes de referencia de las torres de energía.