Por Redacción
Tras asesinato de mujer trans en Antioquia, Procuraduría convoca mesa urgente para proteger a comunidad LGBTIQ+
En Colombia, la violencia contra personas LGBTIQ+ persiste como una deuda sin saldar. Aunque existen marcos normativos de protección, los ataques por prejuicio siguen cobrando vidas, mientras las instituciones enfrentan críticas por su limitada capacidad de prevención. La reciente oleada de crímenes ha puesto en evidencia que no basta con reconocer derechos en el papel: hace falta voluntad política y reacción estatal eficaz. Esta urgencia se hizo aún más visible tras el caso de Sara Millerey.
El asesinato de esta mujer trans en el municipio de Bello (Antioquia), encendió las alarmas institucionales. En lo corrido de 2025, ya son 13 las personas LGBTIQ+ asesinadas en Colombia, seis de ellas en ese mismo departamento. Ante esta situación, la Procuraduría General de la Nación citó de manera urgente a una mesa de trabajo para revisar y reforzar las medidas de protección y prevención existentes.
En el encuentro participaron representantes de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y los ministerios del Interior e Igualdad. Se discutieron estrategias para monitorear en tiempo real posibles amenazas y coordinar respuestas interinstitucionales que eviten más víctimas. La idea es anticiparse, no solo reaccionar cuando ya es demasiado tarde.
El procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos fue enfático en solicitar acciones inmediatas. Exigió avanzar en las investigaciones, esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. También instó a activar con urgencia las rutas de protección establecidas por ley, subrayando que la vida de las personas LGBTIQ+ no puede depender de la burocracia ni de la inercia institucional.
En paralelo, se hizo un llamado a la ciudadanía a rechazar la difusión de contenidos que revictimizan, especialmente en redes sociales. La dignidad de las víctimas y el respeto a sus familias deben primar frente al morbo o la desinformación.
El caso de Sara Millerey no puede ser uno más: cada crimen debe movilizar una respuesta contundente del Estado y de la sociedad.
