Seis minas de carbón en las veredas Pueblo Viejo y La Ramada fueron sorprendidas operando sin licencia ambiental ni título minero, generando graves impactos sobre ríos, suelos, bosques y la biodiversidad local. Las autoridades ambientales ya iniciaron un proceso sancionatorio ejemplar.
Tras varias visitas técnicas, la CAR Cundinamarca (Corporación Autónoma Regional) confirmó que estas explotaciones ilegales causaron afectaciones críticas en zonas aledañas a las quebradas Pueblo Viejo, Palacios y Media Luna, comprometiendo cuerpos de agua esenciales para las comunidades y la fauna de la región.
Vertimientos contaminantes, destrucción de capa vegetal, lixiviados de hierro y aceites en el suelo son apenas algunas de las prácticas nocivas documentadas en los informes técnicos de la autoridad ambiental. Además, se evidenció que las minas no contaban con infraestructura para tratar aguas residuales ni controlar la escorrentía, lo que ha generado erosión severa, especialmente durante la temporada de lluvias.
Bryan Guillermo Martínez González, director regional de la CAR en Ubaté, fue enfático: “El desarrollo de esta actividad sin los permisos correspondientes agrava las consecuencias legales. Hacemos un llamado urgente al sector minero para que legalice su actividad y cumpla con las normas ambientales vigentes”.
Los estériles, es decir, los residuos sin valor mineral que deberían ser gestionados adecuadamente, fueron arrojados libremente, sepultando bosques nativos y potreros cercanos. Este tipo de manejo pone en riesgo los relictos de bosque virgen aún presentes en la zona, considerados ecosistemas estratégicos para la conservación ambiental.
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Las acciones ilegales fueron detectadas por el equipo de la Dirección Regional Ubaté de la CAR, quienes, con base en la normatividad ambiental vigente, concluyeron que estas minas representan una amenaza directa al equilibrio ecológico y deben ser sancionadas ejemplarmente.
“Esperamos que este proceso siente un precedente firme en la lucha contra la minería ilegal. Impondremos multas significativas a los responsables, no solo como castigo, sino como medida preventiva para proteger el derecho de todos a un ambiente sano”, puntualizó Martínez González.
Este caso pone de nuevo en el centro del debate la urgencia de fortalecer el control sobre la minería informal, especialmente en zonas rurales de Cundinamarca, donde la presión por los recursos naturales choca de frente con los esfuerzos por la sostenibilidad ambiental.
“La minería ilegal no solo rompe la ley, rompe la vida”.
Foto portada: Parte del equipo de protección de los mineros.
