PGN advierte sobre más de 27 mil casos con alto riesgo de trashumancia electoral en el país

En una reunión llevada a cabo en la ciudad de Cúcuta, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, expresó su creciente preocupación ante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. La inquietud surge a raíz de la detección de 27,891 ciudadanos cuyos datos no figuran en las bases de datos pertinentes, a pesar de haberse registrado en sus respectivos municipios con la intención de ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones.

Uno de los temas resaltados durante la reunión fue la importancia de centrarse en posibles casos de trashumancia electoral. La Procuradora hizo hincapié en que esta información fue cuidadosamente cotejada con las bases de datos del Sistema Nacional de Identificación, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud (BDUA) y el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN).

Con el objetivo de prevenir delitos electorales y asegurar la transparencia en los procesos, Cabello Blanco solicitó a las autoridades electorales la entrega de la lista de los 1,739,105 ciudadanos inscritos hasta el 20 de julio. Esta medida busca actualizar la información de residencia electoral de cara a las elecciones programadas para el 29 de octubre. Asimismo, se requirió información concerniente a los más de 2 millones de inscritos adicionales hasta agosto de 2023.

La Procuradora, en su calidad de representante del máximo organismo de vigilancia electoral, pidió al registrador electoral que, en el plazo correspondiente, presente la lista definitiva de inscritos. Esta acción permitiría una comparación minuciosa con la base de datos del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI), lo que podría dar como resultado la revocación de inscripciones en caso de detectarse inhabilidades en candidatos.

En el ámbito de la seguridad durante las elecciones, la Procuradora alertó sobre el incremento de actos violentos perpetrados por actores armados y grupos al margen de la ley en diversas regiones del país. Esta problemática no solo perturba el orden público y la convivencia ciudadana, sino que también puede afectar el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en el proceso electoral y a ejercer su voto.

Margarita Cabello manifestó su pesar por el caso reciente del alcalde de La Playa de Belén, en Norte de Santander, quien se vio forzado a renunciar debido a amenazas y atentados en su contra. En este contexto, subrayó la importancia de no retroceder en términos de seguridad en el país, especialmente en áreas críticas que demandan un fortalecimiento de las medidas de protección.

Para concluir, la Procuradora hizo un enérgico llamado al respeto por las instituciones colombianas y el marco legal vigente. En este año electoral, subrayó que las entidades estatales tienen la responsabilidad de preservar la estabilidad y cumplir con la Constitución y la Ley. La generación de caos institucional podría poner en peligro el adecuado desarrollo del proceso electoral y, en última instancia, afectar los derechos fundamentales de numerosos colombianos.