La minoría vociferante ¿Un juez moral?
Por: Javier León Duitama
Filósofo Humanista e Historiador.
En diferentes medios se ha discutido sobre los límites de la tolerancia y la libertad de expresión. En muchos aspectos la disputa es paradójica porque quienes defienden la diversidad e inclusión llegan a ser más intolerantes que sus opositores, conduciendo a prácticas radicalizadas como ataques conjuntos a quien exprese ideas contrarias. Este fenómeno, conocido como la “cultura de la cancelación”, ha ido imponiendo una dictadura de lo políticamente correcto y una suerte de pensamiento único a través de la censura. La escena es llamativa puesto que el marco moral deviene de grupos minoritarios y no de consensos legítimos establecidos por las mayorías como debiera operar en las sociedades democráticas.
Por cultura de la cancelación se entiende una serie de prácticas que van encaminadas a la eliminación absoluta de ideas consideradas inapropiadas para los modos de vida que ciertas colectividades promueven y pretenden normalizar. Sus efectos implican la exclusión moral, social o financiera de quien se ataca. Inicialmente estaba orientada a proscribir a personas famosas o con algún tipo de influencia social, sin embargo, se extendió a personas que expresan posiciones opuestas o gente del común. Por ejemplo, en el año 2020 Emmanuel Cafferty, inspector de redes subterráneas de electricidad y gas en Estados Unidos, fue humillado públicamente y despedido de su trabajo, luego de que un afroamericano lo fotografiara e insultara en un semáforo por chasquear inconscientemente sus dedos en forma de “O.K.”. La imagen se viralizó en redes sociales, donde fue atacado intransigentemente bajo la acusación de racismo porque es un gesto similar al usado por supremacistas blancos.
En Colombia han existido casos de similar magnitud, aunque menos mediáticos, impulsados por minorías vociferantes que cancelan a quienes consideran necesario. Estos grupos se caracterizan por su voluminosa participación y alto número de interacciones tanto en redes sociales como en otros espacios, dando la sensación de que una ingente cantidad de personas defiende una causa. Su objetivo es sentar una posición e intentar influir en la opinión pública sobre la legitimidad de ciertas ideas para favorecer a su agrupación. Se ha demostrado que muchas de sus prácticas son dudosas ya que son ayudados por especialistas en intervenir con regularidad en sus círculos de interés, utilizan programas que generan automáticamente mensajes o comentarios (bots), usan algoritmos que inclinan a miles de internautas hacia su causa, o están respaldados por mega lobbys con fuertes intereses económicos. Pareciera que la verdad es detentada por el más estruendoso. Este accionar es contradictorio con la tolerancia pregonada, ya que, si es lícito a un grupo censurar, lo debe ser también para los otros, de modo que los consensos ceden al que se imponga con mayor saña.
La cuestión que salta a la vista es si dichas minorías vociferantes deben determinar lo correcto en un sistema democrático a expensas de la mayoría silente que tiende a no expresar sus posiciones éticas y políticas. Al contrario, lo que se debe procurar es que se reconozcan y preserven las conquistas sociales de los grupos minoritarios, pero a su vez se garantice el derecho a disentir de los demás, salvaguardando a quienes deseen expresar posiciones opuestas. La autocensura no debe imponerse por temor a ser acribillados por grupos que juzgan y marginan en nombre de la diversidad e inclusión.
Si bien no debe desconocerse los derechos de las minorías, no significa que se deba estar de acuerdo con sus formas protesta, activismo y publicidad, que en muchas ocasiones son violentas. Es justo que si la colectividad respeta a los grupos minoritarios, estos también lo hagan con los consensos de las mayorías. Aristóteles afirmaba que si el pueblo soberano no se somete a la ley consensuada, corre el peligro de convertirse en despótico y tirano, siendo gobernado por los demagogos que controlan la opinión pública. Por esto, las democracias están obligadas a defender la libertad de pensamiento y expresión, y que todas las voces sean escuchadas sin que se censure e intimide por defender sus convicciones.
La autocensura no debe imponerse por temor a ser acribillados por grupos que juzgan y marginan en nombre de la diversidad e inclusión.
