Jurisdicción universal es la nueva apuesta para judicializar a Álvaro Uribe por Falsos positivos

Según el Derecho Internacional contemporáneo, la Jurisdicción Universal le brinda a un Estado la competencia necesaria para juzgar a todo aquel que haya cometido un crimen, sin importar el lugar donde se haya cometido el crimen o la nacionalidad de su autor.

Así pues, teniendo en cuenta la gravedad de ciertos actos, este principio se estableció con el fin de impedir que crímenes queden impunes al estar limitada la justicia internacional por el principio de territorialidad, es decir que el lugar donde se comete el crimen es el único que tiene la facultad para juzgar ese acto delictivo.

A partir de la consideración de familiares de víctimas y colectivos de derechos humanos de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene responsabilidad penal en crímenes contra la humanidad, estos se acogen a la Jurisdicción internacional, en este caso a través de la justicia de Argentina, para iniciar un proceso judicial al expresidente por estos crímenes.

11 familiares de víctimas de Falsos Positivos y tres organizaciones de derechos humanos han iniciado una petición a tribunales argentinos para que se investigue a Uribe Vélez bajo la consideración de que fue él “quien lideró la estructura estatal empleada en la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad”.

En la denuncia conocida por EL PAÍS, la participación del expresidente Uribe está directamente relacionada con crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, ya que él es igualmente responsable de la comisión de al menos 6.112 asesinatos y desapariciones de personas, que según el colectivo, se encontraban en estado de indefensión y que fueron presentadas por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez como bajas en combate por agentes del Estado.

La razón por la que esta petición se desarrolla en Argentina es porque este país incorpora la jurisdicción universal y tiene la capacidad judicial para poder abordar casos ocurridos en otros lugares, en la actualidad, el caso de Uribe Vélez se sumaría a investigaciones contra las fuerzas de seguridad en Myanmar, Venezuela, Nicaragua y España, este último relacionado con crímenes desarrollados en la dictadura de Francisco Franco y que bajo esta investigaciones permitieron a familiares conocer el paradero de sus seres queridos.

Cabe resaltar que, según los representantes de la querella, la denuncia en Argentina es un proceso complementario al trabajo desarrollado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia y que busca allanar el camino que reúna a mas víctimas para una reparación más justa y acorde al daño realizado.

Así pues, el argumento más fuerte en la denuncia presentada es la existencia de decretos que firmó el entonces presidente Uribe y que, según los demandantes, permitieron la creación de un escenario en el que se pudieron realizar estos asesinatos por parte del Ejército Nacional.

Medidas como la conmoción interior permitieron al ejecutivo sobrepasar los límites y violar derechos fundamentales dando prelación al control militar y el ejercicio de la fuerza en medio de la denominada “Política de Seguridad Democrática”.

Así mismo, en el documento revelado, también se considera que Álvaro Uribe “Conocía” el desarrollo de estos actos delictivos desde el inicio de su mandato presidencial, tomando como prueba, los informes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unida para Colombia, Christian Salazar Volkman, quien expresa que la oficina informó a presidencia la ejecución de estos actos en territorio colombiano entre los años 2003 y 2004 y a los que el expresidente no les dio validez ni importancia.

Otro punto importante que se menciona en la querella es la continua presión de Uribe a las tropas para mostrar resultados, ellos afirman que el expresidente dio órdenes directas a oficiales del ejército para mantener los números de bajas en combate, esto apoyado por declaraciones de miembros del Ejército Nacional en la JEP.

Los familiares de las víctimas buscan que la investigación permita conocer la responsabilidad del entonces presidente y jefe de las Fuerzas armadas del país, y abrir un camino por el que puedan transitar otros familiares de víctimas de falsos positivos para conocer la verdad de lo sucedido y saber por fin “quién dio la orden”.

La denuncia será presentada, junto con las pruebas el día de hoy 9 de noviembre de 2023, quedando a cargo del Juez Federal, Sebastián Ramos.

La investigación busca abrir un camino por el que puedan transitar otros familiares de víctimas de falsos positivos para conocer la verdad de lo sucedido y saber por fin “quién dio la orden”