Elecciones presidenciales 2022: Las discordancias del Derecho a la Vivienda en Colombia

En la Constitución Política de Colombia el derecho a la vivienda digna está reconocido en el artículo 21: “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. Sin embargo, la Corte Constitucional ha establecido que, aunque este derecho no es fundamental el Estado tiene el deber de proporcionar una vivienda bajo las condiciones de igualdad.

¿Qué garantías tiene la vivienda digna en la lista de propuestas de los candidatos presidenciales?, veamos:

Sergio Fajardo:

Esta propuesta tiene el compromiso de ofrecer 1,2 millones de soluciones de vivienda en el periodo de gobierno, que incluyen apoyos a la vivienda nueva, al mejoramiento habitacional y al arriendo,  el otorgamiento de títulos de propiedad en zonas urbanas y rurales, vincular la gestión del ordenamiento territorial con la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático, y ampliar el acceso a servicios públicos, llevando acueducto y alcantarillado a un millón de personas adicionales y energía a todas las colombianas y colombianos sin acceso.

*Las siguientes propuestas fueron consultadas en el ‘Plan de Gobierno: Este es el momento – Fajardo Presidente’, diseñado por el equipo del candidato Sergio Fajardo.

• Nuestro compromiso es ofrecer 1,2 millones de soluciones de vivienda en el periodo de gobierno, que incluyen apoyos a la vivienda nueva, al mejoramiento habitacional y al arriendo, el otorgamiento de títulos de propiedad en zonas urbanas y rurales.
• El programa ‘Mi Casa Ya’ tendrá metas específicas en regiones del país con mayores niveles de déficit.
• El programa de mejoramiento de vivienda y entornos incluirá asistencia técnica y financiera para la autoconstrucción y el desarrollo progresivo de la vivienda, especialmente en zonas rurales.
• Se renovará la participación del Gobierno Nacional en la formulación y ejecución de Macroproyectos de Interés Social Nacional (MISN), apoyando a municipios y departamentos en la adquisición y gestión predial, el uso de instrumentos de captura de valor del suelo, la coordinación de esquemas de subsidios de vivienda y financiación de equipamientos e infraestructuras de servicios públicos.
• El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Superintendencia de Notariado y Registro trabajarán en la digitalización de los servicios de registro, catastro y servicios notariales, para disminuir los costos a los usuarios.
• Apoyaremos la generación de rutas de formación en el sector constructor, de conformidad con el marco nacional de cualificaciones, que le permita al personal incrementar sus competencias, y pasar de niveles básicos a intermedios de habilidades, reduciendo las brechas de género.
• Se promoverá la conformación de una red de espacios públicos verdes (de recreación y alto valor ecológico), mediante un nuevo programa nacional que pondrá en valor nuestra gran riqueza hídrica, con entornos verdes activos para una mejor adaptación al cambio climático y el mejoramiento del sistema de paisaje, medio ambiente y espacio en nuestras ciudades.
• Ampliaremos el acceso a servicios públicos, llevando acueducto y alcantarillado a un millón de personas adicionales.
• Llevaremos energía a todas las colombianas y colombianos sin acceso.
• Se incrementará la inversión en la expansión de redes de servicios públicos, el financiamiento de equipamientos sociales y espacio público, con el objetivo de destrabar proyectos de renovación urbana.

Ingrid Betancourt:

Tenemos que pensar en construir una ciudad o varias satélite, sitios donde el terreno le pertenezca a la Nación para evitar la especulación de finca raíz, donde podamos hacer de esos centros, centros de vida, un nuevo mundo donde las personas que no han tenido el derecho a tener su casa, de tener su posibilidad de insertarse en la prosperidad, encuentren la manera de cumplir sus sueños.

*Las siguientes propuestas fueron consultadas en el ‘Plan de Gobierno: ¡Liberemos a Colombia de las maquinarias y la corrupción!, Ingrid Presidenta – Esparza Vicepresidente, diseñado por el equipo de la candidata Ingrid Betancourt Pulecio.

• Vamos a hacer ajustes para que ese 1 de cada 2 colombianos se vincule a la economía formal y pueda tener acceso a pensión, a ahorrar para una vivienda propia y al aseguramiento laboral. Para esto vamos a ‑exibilizar la contratación en el mercado laboral con un salario mínimo por hora.

Rodolfo Hernández:

En materia de vivienda el asunto no pasa solo por la cantidad, pues justamente la calidad es la que da sentido real y positivo a las acciones.
El concepto de vivienda digna debe estar por encima del número de soluciones construidas, pues no se alcanza un gran impacto si se hacen muchas y estas terminan desmejorando las condiciones de vida de los colombianos.

*Las siguientes propuestas fueron consultadas en el ‘Plan de Gobierno: De Colombia para Colombia’, diseñado por el equipo del candidato Rodolfo Hernández.

• Ejecutar un programa nacional de vivienda rural que incluye la creación de aldeas rurales integrales, es decir, con servicios habitacionales completos; este programa que debe comenzar por las costas del Pacífico y continuar por la Atlántica, antes de abordar el interior del país. En esta iniciativa se deben implementar paneles solares y pozos sépticos y debe incluir Centros de Acopio de Bienestar, que provean salud y educación, entre otros servicios. Este proyecto tiene como propósito cerrar la brecha de la pobreza rural desde un enfoque integral, el cual desarrolla habilidades para la vida comunitaria, solidaria y asociativa. Esta iniciativa se hará de acuerdo con el nuevo concepto de Vivienda de Interés Cultural, VIC.
• Las viviendas familiares tendrán un área mínima de 60 metros cuadrados, con una estructura prefabricada para generar empleo desde la “autoconstrucción”. Con esto se evita desplazamiento a las ciudades y, en cambio, se estimula el retorno al campo.
• Para las ciudades se harán diseños de vivienda digna. Según la ONU-Habitat, la vivienda adecuada es un derecho humano internacional, “considerado como un derecho a vivir en paz y dignidad en alguna parte”. En cumplimiento del anterior mandato, el programa de vivienda estará en capacidad de solucionar necesidades básicas en un lote de 72 m2 (6×12), cuya construcción se va expandiendo progresivamente hasta 126 m2, dándole respuesta a la costumbre de integrar las nuevas familias bajo un mismo techo. Dentro de esta iniciativa resulta fundamental construir soluciones ubicadas en zonas céntricas, así resulten más costosos los terrenos, de manera que las familias tengan fácil acceso a sus trabajos y centros educativos.
• Diseñar un plan de incentivos para el ahorro e inversión en vivienda nueva. Esto debe fortalecer el acceso a la vivienda formal en todos los segmentos de la población, con especial énfasis en el campo.
• Fijar incentivos asociados a la habilitación de suelo (bajo los criterios de planificación de los POT) para los municipios y distritos que cumplan las metas, según requisitos, parámetros y criterios que defina el gobierno nacional.
• Trabajar de la mano de los municipios para gestionar las tierras necesarias. Generar un instrumento de habilitación ‘fast track’ de tierras para los proyectos de vivienda.

Gustavo Petro:

En nuestro gobierno, lideraremos una política de hábitat, vivienda y servicios públicos ordenada alrededor del agua que permita superar la profunda desigualdad, la primacía del negocio sobre los derechos, la gestión local y comunitaria y la protección de la naturaleza bajo un nuevo marco regulatorio que dinamice una relación virtuosa entre Estado, agentes de mercado y sociedad en la que las comunidades participen efectivamente a través de procesos asociativos y alianzas público-populares.

*Las siguientes propuestas fueron consultadas en el ‘Plan de Gobierno: Colombia potencia mundial de la vida’, diseñado por el equipo del candidato Gustavo Petro.

• Vivienda digna: Promoveremos los procesos asociativos, autogestionarios y de autoconstrucción con enfoque territorial y asistencia técnica para el acceso a la vivienda a través de organizaciones populares de vivienda, eliminando la obligatoriedad de tener previamente suelo. Se fortalecerá la institucionalidad local para avanzar en programas de reasentamientos, titulación de predios y mejoramiento de vivienda y de barrios, desarrollo de intervenciones integrales y sostenibles que reconozcan las particularidades del hábitat popular. El Estado definirá los mecanismos para que los municipios del país estén obligados a producir bancos de suelos públicos.
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• La política de vivienda adoptará una reglamentación que promueva proyectos de construcción a partir de los materiales del lugar, que implementen ahorros de energía y agua, y gestión de residuos orientada al aprovechamiento, así como el uso de tecnologías como paneles solares y tecnologías limpias para el saneamiento, con propuestas innovadoras adecuadas a los hábitos y costumbres de los hogares, así como a las condiciones ambientales y paisajísticas de las zonas.
• La reglamentación de la Vivienda de interés social y Vivienda de Interés prioritario tendrá que ser revisada a ajustada a través del Reglamento técnico mínimo obligatorio sobre la VIS y VIP. Los instrumentos de uso de bienes fiscales, mayor tributación a los lotes de engorde y declaratoria de desarrollo, construcción y uso prioritario y reajustes de terrenos serán fortalecidos y la asignación de recursos nacionales para vivienda estará condicionado al uso de esos instrumentos. Los porcentajes de suelo destinados a vivienda de interés prioritario y social se establecerán de acuerdo con el crecimiento de los hogares y sus condiciones socioeconómicas en cada centro urbano.
• Se promoverán programas de mejoramiento de edificaciones patrimoniales con oferta de vivienda de interés social o con programas de vivienda para clases medias y proyectos de revitalización con protección de los propietarios originales y con oferta de vivienda de interés social y prioritario.
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• La democratización del crédito permitirá el acceso a la vivienda con progresividad que incluya líneas especiales complementadas con subsidios para la compra y el mejoramiento de la vivienda popular. Estableceremos facilidades para el acceso a locales en arrendamiento para emprendimientos de la economía popular. Para la vivienda no popular se promoverán sistemas de crédito hipotecario que permitan a las familias adquirir vivienda en plazos y tasas acordes con el ingreso familiar.
• Por la vía de las alianzas público-populares con organizaciones sociales y comunitarias en los territorios, se impulsará un programa masivo de construcción y mejoramiento de viviendas rurales y urbanas en asentamientos de origen informal, adecuada culturalmente a las realidades regionales que considere la construcción vernácula, resolviendo problemas estructurales de orden regulatorio, financiero, técnico y operativo.
• Desarrollaremos una política pública de arrendamiento con una gama de alternativas que incluya la construcción de equipamiento estatal, construcción y/o ampliación de vivienda usada para alquiler, combinación de incentivos de crédito y subsidio bajo modelos conduzcan a que las personas se puedan convertir a mediano plazo en propietarios.
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• Agua y Saneamiento básica, derechos y protección de la vida: Asumimos el agua como derecho fundamental y en esa medida garantizaremos el suministro de agua potable en todo el territorio nacional y el mínimo vital de agua en todo el país. En zonas rurales, veredas, municipios pequeños e islas se impulsarán los acueductos comunitarios articulando saberes tradicionales con asistencia científica y tecnológica. Mejoraremos en calidad y cobertura los sistemas de alcantarillado e impulsaremos alternativas tecnológicas para reducir los impactos a la naturaleza.

Federico Gutiérrez:

Nuestra propuesta es brindar 1.800.000 soluciones de construcción y mejoramiento de vivienda, concentrando los esfuerzos en hogares con bajos ingresos y dentro de este grupo, en mujeres cabeza de hogar y hogares vinculados a la economía informal.

*Las siguientes propuestas fueron consultadas en el ‘Plan de Gobierno: Colombia, un país en orden y con oportunidades’, diseñado por el equipo del candidato Federico Gutiérrez.

• Impulsaremos la construcción de 1 millón de viviendas VIS en todo el país (800 mil urbanas y 200 mil rurales) para reducir en 10% el déficit total y el déficit de vivienda rural en 30%. Se generará una transición para que estas viviendas cuenten con criterios de sostenibilidad.
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• Incentivaremos la construcción y adquisición de 400 mil viviendas no VIS.
• Pondremos en marcha un plan de mejoramiento de 200 mil viviendas para disminuir el déficit cualitativo actual en 30%, con una inversión de $1,58 billones.
• Otorgaremos 200 mil subsidios de arrendamiento a familias en pobreza extrema, con inversión cercana a los $200 mil millones de pesos.
• Impulsaremos un Plan Nacional de Equipamientos para mejorar la calidad de vida de la población beneficiada por la Política de vivienda. Para lograr estas metas, implementaremos una política en 3 ejes: atención a los hogares más pobres con incentivos a la demanda; impulso a la oferta de vivienda; y financiación de vivienda.
• Potenciaremos los instrumentos de subsidio y acceso al crédito, particularmente para hogares jóvenes (18 a 28 años) y hogares vinculados a la economía informal con el fin de facilitar el cierre financiero.
• Simplificaremos los instrumentos de fomento a la construcción y mejoramiento de vivienda rural, incluyendo el uso de proyectos y pliegos tipo con contratación por unidades funcionales y fortaleceremos los mecanismos de ordenamiento territorial para generar y habilitar suelo para construcción de vivienda.
• Incrementaremos en un 23% los recursos anuales del sector para pasar de $5,4 billones en 2021 a $7 billones anuales entre 2022 y 2026. Para esto aseguraremos la concurrencia de esfuerzos de los diferentes actores: nación, cajas de compensación, recursos propios de las entidades territoriales, y recursos de los saldos de regalías no ejecutadas anualmente.