By DNP y Minjusticia lanzan estrategia de segundas oportunidades para resocialización de población carcelaria
Planeación Nacional propone emitir bonos de impacto social para programas de inclusión con el apoyo de la banca multilateral y el sector privado.
Foto referencial/Cortesía/INPEC.
BOGOTÁ.
El Departamento Nacional de Planeación, DNP, y el Ministerio de Justicia y del Derecho lanzaron la estrategia de ‘Segundas Oportunidades’, que busca la reinserción laboral y social de la población carcelaria y pospenada del país.
Dicha estrategia está orientada a la resocialización de las personas privadas de la libertad en alianza con el sector privado y se enmarca en el CONPES 3828, que definió un nuevo enfoque en la política del Sistema Penitenciario y Carcelario, SPC, para superar la crisis carcelaria del país.
Las ‘Segundas Oportunidades’, que en palabras del director del DNP, Simón Gaviria Muñoz, no “deben ser solo para la guerrilla”, se materializarán a través de proyectos productivos y de empleabilidad que incluyan a los internos de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, ERON.
“Por cada $1 que se invierte en resocialización el Estado se ahorra en promedio $5”, asegura Gaviria Muñoz al señalar que el tipo de programas que se requieren para los internos tienen que ver con atención al consumo de drogas, educación y trabajo.
La oferta de programas de reinserción laboral y social aún hoy es insuficiente por cuanto solo 1 de cada 2 personas privadas de la libertad puede acceder a un programa de resocialización. El 11% de la oferta de programas de trabajo es financiada por el Estado.
Únicamente el 2,5% de la población carcelaria está vinculada a programas de trabajo promovidos por el sector privado, que tiene presencia en 12 de los 136 establecimientos de reclusión del orden nacional.
Estudios internacionales consultados por el DNP muestran que en promedio los programas de resocialización para el trabajo reducen la probabilidad de reincidencia hasta en un 66%.
En el caso colombiano se estima que el 15,5% de las personas que han ingresado al sistema penitenciario son reincidentes. En las cárceles del país hay 120.173 personas privadas de la libertad, de las cuales 68% son condenadas y el 32% sindicadas.
Problemática de consumo de drogas ilícitas
En el lanzamiento de la política de atención a la población pospenada del Ministerio de Justicia, el director del DNP llamó la atención sobre la grave problemática que se presenta en las cárceles por el consumo de estupefacientes.
Se estima que el 30% de los reclusos consumen sustancias ilícitas. “Estudios demuestran que el consumo de drogas aumenta la probabilidad de reincidencia en 58%”, dijo Gaviria Muñoz, quien señaló el hacinamiento, el historial criminal y el desempleo como otros factores que aumentan ese riesgo.
El tamaño estimado del mercado de estupefacientes en los centros penitenciarios es de 2,44% (equivalente al 0,02 del PIB), superior al de Medellín o Barranquilla que es del 2.0%. Es equivalente al tamaño de los mercados de los departamentos del Huila, Bolívar y Arauca sumados.
En 2016, según las cifras más recientes, las incautaciones que se hicieron en los ERON superan los $7 mil millones en sustancias como marihuana, cocaína y bazuco.
“Solo el 2,5% de la población privada de la libertad está vinculada a un programa de trabajo generado por el sector privado”.
Recomendaciones
En Casa Libertad, experiencia exitosa de atención a la población pospenada, iniciativa del Ministerio de Justicia y del Derecho, apoyada por el INPEC, la Fundación Teatro Interno y Colsubsidio, el director del DNP hizo varias recomendaciones para fortalecer la política de resocialización.
Emitir bonos de Impacto Social para vincular más al sector privado con programas de reinserción que contribuyan a bajar la reincidencia y mantener las deducciones en renta bruta hasta del 15% para las empresas que inviertan en programas de educación y trabajo en las cárceles que vinculen a los internos, están entre las recomendaciones.
Además, el DNP propone utilizar los sistemas de información y estrategias de BIG-DATA, que lidera junto con la Fiscalía General de la Nación, FGN, para la medición de reincidentes, y la evaluación y seguimiento de los programas de resocialización para evidenciar y registrar las dificultades, y tomar decisiones de política criminal.
También plantea aumentar el número de beneficiarios del programa de comunidades terapéuticas a través de la inversión, así como diseñar los tratamientos de rehabilitación en las cárceles desde los lineamientos del Ministerio de Salud.
“Por cada peso que se invierte en programas de educación, trabajo y atención a la problemática de abuso y dependencia en el consumo de drogas, el Estado se ahorra $5, asegura director del DNP, Simón Gaviria Muñoz”.
