¿Cómo entender la llegada a la “Ruptura institucional” que expone al presidente Gustavo Petro?

El panorama que se presenta políticamente en Colombia es poco alentador. Por una parte, un Gobierno fracturado y sectorizado, denuncia ante organismos internacionales complots “institucionales” y, por otra parte, sectores del Congreso llaman a la calma y a la mesura, enfatizando que se deben guardar los equilibrios entre las ramas del poder público para garantizar la estabilidad democrática y la gobernabilidad en el país.

La polarización entre el ejecutivo con el legislativo y judicial está más crítica que nunca; los cambios constantes en los liderazgos de los ministerios han fomentado una fragilidad institucional que promueve una rivalidad entre las ramas del poder público, y la polarización ha complicado la respuesta gubernamental a las emergencias presentadas en los últimos días.

Ahora bien, para entender cómo Colombia ha llegado a un punto tan crítico, hay ciertos acontecimientos que es necesario tener en cuenta.

Crisis ministeriales

• Crisis ministerial de febrero de 2023: En febrero de 2023, la presidencia colombiana enfrentó una crisis de confianza que llevó a la salida de tres ministros: Alejandro Gaviria, de Educación; María Isabel Urrutia, de Deportes, y Patricia Ariza, de Cultura, marcando un momento crucial para las reformas gubernamentales. Gaviria, criticado por su oposición a la reforma de salud, fue el caso más notable, incluso rechazando la embajada en el Reino Unido ofrecida como alternativa. Sus reemplazos incluyeron a Aurora Vergara en Educación y Astrid Rodríguez en Deportes, mientras Cultura quedó bajo interinato de Jorge Zorro.
• Crisis ministerial de abril de 2023: La segunda crisis de gabinete en Colombia dio como resultado la salida de 7 de 15 ministros iniciales, reflejando un cambio hacia un discurso más combativo del presidente contra los partidos tradicionales. Los ministros asociados al Partido Conservador y a la U fueron reemplazados por figuras más cercanas al círculo presidencial. Entre las salidas destacadas estaban Cecilia López y José Antonio Ocampo, símbolos de moderación, y Carolina Corcho, cuyo desempeño en la reforma de salud enfrentó obstáculos significativos. Jhenifer Mojica, vinculada a movimientos campesinos, asumió como ministra de Agricultura, comprometiéndose a acelerar la reforma agraria.
• Crisis ministerial de enero de 2024: El gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta su tercera crisis ministerial, evidenciada en una tensa reunión de gabinete, donde dos ministros ofrecieron renunciar debido a críticas sobre su desempeño. La crisis se agudiza con la renuncia del director del Departamento de Planeación Nacional y varios subdirectores, sumándose a previas turbulencias ministeriales causadas por desacuerdos sobre reformas y la pérdida de apoyo legislativo, marcando un periodo de inestabilidad y desafíos en la Administración Petro.

Indagatoria a Nicolás Petro

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, se ha comprometido a cooperar con las autoridades, revelando información sobre presunto financiamiento no reportado de la campaña de su padre por parte de importantes empresarios, incluidos individuos con antecedentes como Samuel Santander Lopesierra y Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca. Este compromiso surge tras su detención junto a su expareja Daysuris Vásquez, ambos acusados de delitos financieros.

Nicolás ha implicado directamente la campaña de su papá en la recepción de fondos ilegales, lo que marca un giro en la investigación que hasta ahora había dejado al presidente fuera del escándalo. A cambio de su cooperación, que promete aportar pruebas y detalles adicionales, se le ha concedido arresto domiciliario en lugar de prisión preventiva, y ha acordado dimitir de su cargo político.

Suspensión del canciller

El canciller Álvaro Leyva fue suspendido el 24 de enero por la Procuraduría debido a irregularidades en los procesos de licitación de pasaportes y la posterior conciliación con la empresa Thomas Greg and Sons. La suspensión, sin remuneración, se extenderá por tres meses, según lo comunicado por Diana Carolina Hortúa, secretaria de la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría. La decisión del ente investigador se fundamenta en la falta de bases fácticas, jurídicas y técnicas en la gestión de la licitación por parte de Leyva, lo que habría violado los principios de la contratación estatal.

Financiación de FECODE

La Unidad Investigativa de El Tiempo descubrió documentos que evidencian la donación de 500 millones de pesos por parte del sindicato de profesores FECODE a la campaña presidencial de Petro, bajo la aprobación del Comité Ejecutivo de la Federación en septiembre de 2022. El dinero, destinado a apoyar la campaña «Petro-Presidente 2022-2026», fue transferido a Dagoberto Quiroga, representante del movimiento político Colombia Humana.

Según reportes, esta suma no fue incluida en los registros oficiales de la campaña, lo cual plantea un problema legal dado que la legislación colombiana prohíbe aportes de personas jurídicas a campañas presidenciales. Para eludir esta restricción, FECODE canalizó los fondos a través del partido político Colombia Humana, lo que ocasionó una contribución que, sumada a otros gastos, podría exceder los límites de financiación establecidos para la campaña. El Consejo Nacional Electoral ha reanudado una investigación sobre posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Petro.

Fricción entre Gobierno y la Fiscalía

El fiscal general Francisco Barbosa ha mantenido una relación tensa con el presidente de la República, destacando por sus críticas hacia su gestión en temas como la política de drogas y la autonomía judicial. La discordia ha sido tal, que incluso las altas cortes han intervenido. Barbosa ha acusado a Petro de beneficiar a narcotraficantes con la ley de sometimiento y ha comparado sus políticas con las preferidas por narcos como la del extinto Pablo Escobar. Las disputas también han tocado la separación de poderes, con Barbosa, recordando su independencia frente al presidente, quien a su vez ha buscado influir en la Fiscalía. El mandatario ha expresado su descontento con la gestión de Barbosa y ha tomado pasos para buscar un sucesor o más bien, sucesora. Barbosa, a su vez, ha denunciado intentos por desacreditar a funcionarios clave de la Fiscalía, señalando directamente al presidente por estas acciones. La relación entre ambos se caracteriza por una serie de enfrentamientos públicos sobre el manejo de la justicia y la política en Colombia.

¿CÓMO TODOS ESTOS ACONTECIMIENTOS LLEVARON A LA “RUPTURA INSTITUCIONAL”?

Hablar de una ruptura institucional en la actualidad si es posible, sin embargo, no es precisamente como el presidente Petro, la expone.

El mandatario de Colombia, en su cuenta de Twitter, expresó que la “ruptura institucional” se daba particularmente por la suspensión del canciller Leyva y la constante indagación por parte de la Fiscalía y otras instituciones judiciales hacia sus funcionarios, acusando a grupos criminales, narcotraficantes, corruptos y otros de buscar formas para deponerlo de su cargo como presidente de la República.

Estos pronunciamientos, además de generar más tensión institucional, polarizan y radicalizan una sociedad que ya está suficientemente dividida; este pronunciamiento no se sale de la línea de discurso que Petro ha tenido desde que asumió su cargo, ya que desde el inicio siempre ha buscado una unificación de ideales basada en sus propias concepciones y no en la unidad de puntos de vista.

Esta búsqueda de consolidar un gabinete que siempre este de acuerdo con sus posturas, ha llevado a tres reestructuraciones, generando reprocesos institucionales, obstáculos en los procedimientos y fallas en la implementación de las políticas públicas, conduciendo a Colombia a una crisis de Gobernabilidad.

Ahora bien, no solamente la rivalidad entre la Fiscalía y la Presidencia de la República presenta retos a la institucionalidad de Colombia, sino que la presidencia denuncia constantemente, en lugar de apoyar procesos desarrollados en otros organismos como la Procuraduría General de la Nación, impactando la credibilidad de las instituciones y en consecuencia, la legitimidad del propio Estado, ya que implica que quienes están de su lado están exentos de acatar la ley, como el canciller Leyva desacatando su suspensión o por lo menos dilatándola.

Esta protección unilateral de los funcionarios y proyectos por parte del presidente es irrespetuosa con el modelo constitucional establecido, desconociendo que la democracia es un modelo que promueve las soluciones basadas en el diálogo, el consenso y los procesos instituciones como base de un sistema funcional.

Por lo tanto, la ruptura institucional es real, siendo esta ahondada por una presidencia que no entiende que la labor de las instituciones y las demás ramas del poder, y que fomenta las movilizaciones para demostrar fortaleza ante las demás partes de la propia estructura del Estado.

Por lo tanto, la constante victimización del presidente como blanco de todas las demás partes del Estado, ha generado fracturas profundas con instituciones con las que se debe trabajar en forma mancomunada para poder cumplir con los objetivos fundamentales de la constitución: bienestar, seguridad, salud, vivienda entre otras, pero que han sido relegadas por mantener una configuración en bandos que no fomenta la pluralidad ni el respeto hacia las diferentes concepciones.

Por tanto, tras un análisis detallado, se evidencia que la raíz de la inestabilidad y, en consecuencia, la parálisis del sistema gubernamental actual, reside en la incapacidad del presidente para comprender que su principal tarea es liderar y poner en marcha proyectos consensuados a través del diálogo en las distintas esferas del gobierno. Esta labor debe orientarse hacia la salvaguarda de la legitimidad institucional y el respeto por las decisiones de otras entidades, con el fin de promover una democracia verdaderamente participativa e inclusiva, en lugar de una que sea unilateral.

En este contexto, es imperativo reconocer la importancia de una colaboración efectiva y un compromiso compartido por parte de todos los actores políticos y sociales para fortalecer los pilares democráticos y asegurar un futuro próspero y estable para la nación.

La ruptura institucional es real, siendo esta ahondada por una presidencia que no entiende que la labor de las instituciones y las demás ramas del poder

Foto portada: x (Twitter) Presidencia de la República @Infopresidencia