Juicio disciplinario contra directivos de EPZ por presuntas irregularidades contractuales de la PTAR
El Personero Municipal de Zipaquirá, Miller Mauricio Castro Duque, profirió pliego de cargos contra los servidores públicos: Juan Carlos Ballén Sánchez, Néstor Andrés Guerrero Peña, Ana Marcela Calderón Carvajal y Manuel Alejandro Umbarila. Esta acción se enmarca en el proceso disciplinario llevado a cabo por la agencia del Ministerio Público, debido a presuntas irregularidades en la supervisión del contrato No. 078 de 2015, relativo a la “Construcción de la Nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), del área urbana de Zipaquirá”.
En la imputación realizada en el pliego de cargos, al exservidor público Juan Carlos Ballén Sánchez, en su condición de gerente general de Empresas Públicas de Zipaquirá (antes EAAAZ), para la época de los hechos, es por presuntamente actuar con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal, omitiendo el inicio de proceso sancionatorio para declarar el incumplimiento de las obligaciones del contratista, estando acreditado un incumplimiento grave de las mismas y frente a los servidores públicos Néstor Andrés Guerrero Peña, en su condición de Subgerente Técnico Operativo; Ana Marcela Calderón Carvajal en su condición de Subgerente Administrativa y Financiera, y Manuel Alejandro Umbarila en su condición de Jefe de Planeación y Desarrollo Corporativo, designados como supervisores del Contrato de obra No. 078 de 2015, presuntamente por omitir el deber de informar a la Empresa sobre el vencimiento del contrato, poniendo en riesgo el cumplimiento del objeto contractual; no teniendo más opciones que intentar la transacción que no prosperó, y en consecuencia, acudiendo como último recurso a la solución de controversias contractuales a través de la figura del arbitramento, que a la fecha tampoco ha tenido resultados positivos para lograr la finalización de la obra.
La responsabilidad endilgada por la Agencia del Ministerio Público a los supervisores, obedece a la presunta omisión de vigilar la correcta ejecución del contrato y a proteger los derechos de la empresa, lo cual ha impedido que se continúe con la ejecución de la construcción de la nueva PTAR Zipa II, con la cual se busca garantizar el tratamiento de aguas residuales de la población por un periodo de aproximadamente 30 años y de paso dar cumplimiento a la Sentencia del Río Bogotá a ayudar a descontaminar la quebrada el Amoladero y el Río Negro que son afluentes de este cuerpo de agua.
De continuar con la parálisis de la obra, se pueden presentar graves repercusiones en el deterioro de la maquinaria y su posterior funcionamiento, adicional a la pérdida de garantía de los equipos ya instalados, poniendo en riesgo la terminación de esta importante obra que tiene un valor de $69.000 millones de pesos.
A la fecha, después de casi ocho años de haber sido contratada y del pago del 90% del valor total, la obra se encuentra inconclusa y abandonada, con el riesgo de convertirse en un elefante blanco.
Las conductas de los funcionarios en cuestión han sido provisionalmente catalogadas como faltas gravísimas debido a una presunta culpa gravísima. Las diligencias se remitirán a la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Facatativá, entidad competente para surtir la etapa de juzgamiento.
“Después de casi ocho años de haber sido contratada y del pago del 90% del valor total, la obra se encuentra inconclusa y abandonada”: Personería.
