En debate de control político de la Comisión de Ordenamiento Territorial, fueron citados el Director General de la Unidad de Riesgo, (UNGRD), Javier Pava Sánchez; la directora del IDEAM, Yolanda González Hernández; el director de la Federación de Municipios, Gilberto Toro; el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez; y el director de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, ASOCARS, Ramón Leal, quienes respondieron a la citación hecha por la congresista Laura Ester Fortich Sánchez (Partido Liberal), para que se informara sobre la articulación y medidas a tomar de las diferentes instituciones, sobre la afectación que viven más del 50% de los municipios de Colombia.

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La senadora citante del debate, Fortich Sánchez, indicó: “Resulta difícil desde la distancia, ponerse en los zapatos de las personas que hoy no tienen donde dormir, que no pudieron proteger sus electrodomésticos o cocinar sus alimentos para darle algo de comer a sus hijos, porque el agua lluvia arrasó con todo y hasta la fecha no se ve solución, por lo tanto, pido asistencia prioritaria para mitigar el hambre que hoy padecen estas comunidades en el territorio Colombiano.

La legisladora Fortich informó que, “cerca de 594 municipios están hoy afectados por las lluvias torrenciales que caen sobre el país lo que equivale a más del 50% del territorio nacional y no se está cumpliendo con la sentencia de la Corte Constitucional de 2013, donde se prioriza la atención a la población en condición de vulnerabilidad”.

Por su parte, el senador Marcos Daniel Pineda García (Partido Conservador), informó que “en el momento se registran 20.000 familias afectadas, que da un total de 50.000 personas perjudicadas por el invierno, para lo cual se hacen necesarias acciones humanitarias para resolver el tema del hambre, y se envíe maquinaria”.

El dirigente político de Córdoba, Pineda García, expresó que “en un informe, la Defensoría del Pueblo señala 104 puntos críticos en torno al río Sinú, entre los cuales están las inundaciones, erosión, y contaminación, para lo cual propongo que se incluya una partida especial, aprovechando la discusión del plan de desarrollo, que sirva para la atención de estas emergencias”.

El Gobierno Nacional, en cabeza de Javier Pava, de la Dirección Nacional de Riesgo de Desastres (UNGRD) indicó que “la respuesta debe darse en atención a los derechos, para que no pase lo que sucedió en San Andrés, que no se le restablecieron los derechos a la población, porque las casas no cumplieron con la necesidad de sus habitantes, y yo, para ordenar una medida especial, debo contar con el presupuesto idóneo, que no lo hay”.

El director de la Unidad de Riesgo aclaró que “los municipios y los departamentos son los responsables, según la ley, de atender las calamidades naturales; pero éstos no son dotados de presupuestos para estas eventualidades, por lo tanto, hemos dado prioridad a entrega de mercados con un KIT de alimentos, certificado por el Ministerio de Salud, y trabajar en la compra de cosechas a los campesinos, para ayudarlos, y traer más beneficios a las comunidades”.

Entre tanto, el senador José David Name Cardozo (Partido de la U), expresó que “es cierto que muchas ciénagas del Caribe han sido rellenadas, taponándole el oxígeno al río Magdalena, pero lo prioritario es que se tomen acciones, y que las familias de alto riesgo sean reubicadas”.

Finalmente, la senadora citante, Laura Fortich, exaltó la disposición del gobierno para atender al congreso, e insistió en las prioridades que hoy viven los pueblos inundados en todo el territorio nacional, donde luego se ejecuten acciones, soluciones definitivas, en las zonas afectadas”.

“Resulta difícil desde la distancia, ponerse en los zapatos de las personas que hoy no tienen donde dormir”.

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