Bogotá y Cundinamarca concentran casi el 40% del consumo nacional de madera para construcción, carpintería y embalaje, y entre el 45% y el 54% de ese volumen proviene de fuentes ilegales, según estimaciones oficiales. Esta realidad preocupa a las autoridades ambientales, pues gran parte de esta madera se extrae mediante prácticas depredadoras en la Amazonía y otras zonas donde está prohibida la actividad silvícola.
En respuesta a esta amenaza, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, anunció una alianza estratégica con la Corporación Ambiental de Cundinamarca (CAR) y Fedemaderas, que busca consolidar un mercado forestal responsable. Esta coalición articula acciones con productores, transformadores y comercializadores de diversas regiones del país, incluyendo Amazonas, Guainía, Caquetá, Antioquia y el propio Cundinamarca.
“Avanzamos en el fortalecimiento de planes de manejo sostenible, economía circular y armonización normativa para cerrar brechas en el mercado forestal”, destacó el mandatario.
Esta hoja de ruta ambiental se alinea con los compromisos asumidos en la COP16 y contempla desde el acompañamiento técnico en cada eslabón de la cadena hasta el uso de herramientas como el Libro de Operaciones Forestales en Línea, que permite trazar el origen de la madera y verificar su legalidad.
Pero más allá de los esfuerzos normativos, Rey Ángel enfatizó que el éxito de la estrategia depende del control territorial. Para ello, se trabaja coordinadamente con la Policía Ambiental y de Carabineros, que intensificó los operativos e incautaciones para frenar la tala ilegal y proteger los ecosistemas estratégicos.
Lea también
El costo ambiental de la madera ilegal
El impacto de esta actividad ilícita no se limita al daño económico. La tala ilegal rompe el equilibrio de los ecosistemas, afecta el ciclo hídrico, degrada los suelos y agrava la sequía en el centro del país, lo que representa una amenaza directa al abastecimiento de agua, la agricultura y la vida en los territorios.
Entre el 45 % y el 54 % de la madera usada en Bogotá y Cundinamarca proviene de fuentes ilegales.
