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La minería de sal en Colombia no solo guarda una tradición milenaria, también representa un punto sensible en la relación entre explotación de recursos y desarrollo territorial. En este contexto, las decisiones administrativas cobran especial relevancia cuando comprometen la seguridad técnica, el cumplimiento legal y los derechos de las comunidades.

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Este es el caso de Zipaquirá y Nemocón (Cundinamarca), donde la autoridad minera tomó una decisión que podría marcar un antes y un después en la gestión del subsuelo. La Agencia Nacional de Minería (ANM) declaró la caducidad de dos contratos (HIQO-01 y HIQO-03), que permitían la explotación en ambas zonas salineras, otorgados a la Sociedad Colombiana de Sales y Minas (Colsalminas Ltda).

La medida se fundamenta en reiterados incumplimientos por parte de la empresa. Según la ANM, Colsalminas Ltda no cumplió con sus obligaciones económicas: no pagó regalías, dejó de realizar el pago fijo anual exigido por contrato y tampoco ejecutó los compromisos de inversión social pactados con las comunidades vecinas.

Pero más allá de las fallas financieras, la autoridad minera también identificó omisiones técnicas de alto riesgo. En Zipaquirá, la empresa no entregó los estudios ecométricos del pozo de disolución No. 4, esenciales para conocer el estado estructural del lugar. En Nemocón, ocurrió algo similar: faltó un estudio técnico que garantizara la estabilidad del pozo No. 6. Ambas omisiones configuran causales de caducidad, de acuerdo con los literales d) y g) del artículo 112 del Código de Minas.

La caducidad de estos contratos podría abrir el camino a nuevos procesos de licitación o, incluso, a una reconfiguración del manejo de los recursos salinos en la región.

La autoridad minera tomó una decisión que podría marcar un antes y un después en la gestión del subsuelo.

Foto portada: Imagen de referencia tomada de https://depositphotos.com/es/

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