La imposición de fotomultas en Colombia quedó bajo revisión luego de que la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte abrieran una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito del país por presuntas irregularidades en la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones.
El proceso involucra entidades de distintas regiones, entre ellas la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca y la Secretaría de Transporte y Movilidad de Zipaquirá, organismos que aparecen dentro de la relación oficial divulgada por las autoridades nacionales.
La actuación administrativa se concentra en la posible operación de cámaras y dispositivos de fotodetección sin el cumplimiento integral de los requisitos técnicos exigidos por la normativa colombiana, situación que podría tener implicaciones sobre miles de comparendos impuestos durante varios años en diferentes ciudades y municipios del país.
Las irregularidades detectadas por la Superintendencia de Transporte
De acuerdo con el informe preliminar conocido por las autoridades, el análisis técnico permitió identificar presuntas inconsistencias relacionadas con el concepto de desempeño emitido por el Instituto Nacional de Metrología, documento obligatorio para la operación legal de los Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y Otros Medios Tecnológicos para la Detección de Infracciones (SAST).
La exigencia está contemplada en la Ley 2251 de 2022 y en la ‘Resolución 718’ del Ministerio de Transporte, normas que establecen las condiciones técnicas y jurídicas que deben cumplir los equipos utilizados para imponer fotomultas en Colombia.
Según la Superintendencia, algunos organismos habrían iniciado operaciones sin contar con la validación correspondiente, mientras otros utilizaron certificaciones expedidas a terceros o habrían obtenido los avales técnicos después de haber puesto en funcionamiento los sistemas de detección electrónica.
Las cifras entregadas por la entidad muestran la dimensión del proceso:
- 12 organismos iniciaron operaciones sin el concepto técnico requerido.
- 7 operaron con certificaciones emitidas a terceros.
- 18 obtuvieron el aval técnico después de comenzar la imposición de comparendos.
La situación despertó preocupación entre conductores y propietarios de vehículos, especialmente en regiones donde las fotomultas han tenido un amplio alcance durante los últimos años.
Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla concentran el mayor número de registros
La investigación también dejó en evidencia el alto volumen de fotomultas registradas por algunos de los organismos vinculados al proceso administrativo.
La Secretaría de Movilidad de Cali aparece como la entidad con mayor cantidad de registros investigados, con cerca de 2,7 millones de comparendos emitidos dentro de los periodos bajo revisión técnica.
Le siguen Medellín, con más de 717.000 registros; Bogotá, con aproximadamente 294.000; y Barranquilla, con más de 131.000 comparendos asociados a sistemas que ahora son objeto de verificación administrativa.
Las cifras generan inquietud debido al impacto económico que las sanciones electrónicas han representado para miles de ciudadanos en distintas regiones del país. Además, el caso podría derivar en reclamaciones administrativas y solicitudes de revisión por parte de conductores sancionados durante los periodos investigados.
Cundinamarca y Zipaquirá aparecen dentro de los organismos investigados
Dentro del listado oficial difundido por la Superintendencia figuran tanto la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca como la Secretaría de Transporte y Movilidad de Zipaquirá.
En el caso de Cundinamarca, el periodo objeto de revisión comprende desde el 30 de abril de 2019 hasta el 21 de noviembre de 2024. Para Zipaquirá, las fechas bajo observación van del 16 de diciembre de 2020 al 15 de diciembre de 2025.
La inclusión de ambas entidades dentro de la investigación generó reacciones entre ciudadanos y conductores de la región, especialmente por el alcance que han tenido los sistemas de fotodetección en corredores viales de alta circulación y zonas urbanas del departamento.
La lista de organismos investigados también incluye autoridades de tránsito de La Dorada, Villavicencio, Corozal, Villa del Rosario, Itagüí, Sabaneta, Bello, Galapa, Puerto Colombia, Arjona, Turbaco, Soledad, Cúcuta, Cartago, Yumbo, Yotoco, Ciénaga, Barrancabermeja, Santa Marta, Popayán, Aguachica, Montería, Palmira, Santander de Quilichao, Valle del Cauca y otros municipios y departamentos del país.
Ciudadanos podrán verificar si sus fotomultas fueron emitidas durante los periodos investigados
Como parte de la actuación administrativa, la Superintendencia de Transporte publicó una tabla oficial con las fechas exactas en las que cada organismo habría operado bajo observación técnica.
La información permitirá que ciudadanos consulten si las fotomultas recibidas fueron expedidas durante lapsos en los que los sistemas de detección no contaban, presuntamente, con la totalidad de requisitos exigidos por las normas nacionales.
Aunque la apertura de la investigación no implica automáticamente la anulación de comparendos, sí abre un escenario de revisión administrativa y jurídica que podría generar nuevas actuaciones por parte de conductores, abogados y organismos de control.
El avance de este proceso será determinante para establecer si existieron incumplimientos técnicos en la operación de los sistemas de fotodetección y si dichas irregularidades pudieron afectar la legalidad de miles de sanciones impuestas en diferentes regiones de Colombia.
El proceso administrativo podría derivar en revisiones jurídicas sobre miles de fotomultas impuestas en distintas regiones del país.
