La Procuraduría General de la Nación (PGN) puso bajo revisión el proyecto de decreto que redefine los topes de la Vivienda de Interés Social (VIS) y su esquema de comercialización, y solicitó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio realizar ajustes para evitar efectos adversos en el mercado y en el acceso de los hogares.
La intervención del ente de control se da en ejercicio de su función preventiva, con un mensaje directo: antes de avanzar, el Gobierno debe reforzar los fundamentos jurídicos, económicos y sociales de la medida.
Cuatro alertas que podrían redefinir el rumbo del decreto
La Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública identificó cuatro puntos críticos que requieren revisión inmediata. El primero es la seguridad jurídica del decreto, con el fin de evitar interpretaciones ambiguas o conflictos normativos. El segundo, el sustento económico con enfoque territorial, clave para garantizar que la medida responda a las realidades regionales del país.
A esto se suma la necesidad de establecer reglas de transición claras para los proyectos en curso, un aspecto que impacta directamente a constructores y compradores. Finalmente, el ente pidió una evaluación integral del impacto social, especialmente en los hogares que dependen de este tipo de vivienda para acceder a una solución habitacional.
Riesgos en la oferta de vivienda y en el acceso de los hogares
Aunque el objetivo del proyecto es mejorar la transparencia en los precios y proteger a los compradores frente a incrementos inesperados, la Procuraduría advirtió que su implementación podría generar efectos no deseados.
Entre ellos, posibles restricciones en la oferta de vivienda VIS, afectaciones a la viabilidad financiera de proyectos en determinados territorios y mayores barreras para que las familias accedan efectivamente a este tipo de soluciones habitacionales.
Una advertencia preventiva para evitar impactos mayores
La Procuraduría enfatizó que su actuación no implica coadministrar ni sustituir las competencias del Ejecutivo. Se trata de una acción preventiva orientada a anticipar riesgos y a fortalecer la toma de decisiones públicas.
El objetivo, según el organismo, es que cualquier modificación al esquema de vivienda se sustente en criterios de legalidad, sostenibilidad y enfoque social, en un contexto donde las decisiones sobre vivienda tienen efectos directos en la economía familiar y en la dinámica del sector constructor.
Cuatro frentes en revisión: seguridad jurídica, sustento económico, transición de proyectos e impacto social.
