La Corte Constitucional resolvió una tutela presentada por una defensora de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en favor de diez adolescentes y jóvenes recluidos en un centro de formación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). La acción se dirigió contra el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), que se negó a cambiar el lugar de citación para que los menores presentaran las pruebas Saber 11° dentro del centro donde cumplen su sanción.
Aunque el ICFES finalmente reprogramó y realizó las pruebas en el sitio solicitado, lo que llevó a la Sala Sexta de Revisión a declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte consideró necesario pronunciarse sobre el alcance del derecho a la educación de los jóvenes privados de la libertad.
¿Por qué se negó inicialmente el ICFES a cambiar la sede?
La entidad argumentó que la solicitud llegó de manera extemporánea y que un cambio de última hora afectaría la logística de distribución del material, la organización de cada sede, la lectura de las hojas de respuesta y la publicación de resultados.
¿Qué obligaciones impone el SRPA frente a la educación de los adolescentes recluidos?
La Corte recordó que el SRPA es un sistema diferenciado que prioriza el interés superior de los adolescentes y busca sanciones con fines pedagógicos y restaurativos, dentro del cual debe garantizarse el derecho a la educación. Según el Decreto 1075 de 2015, el servicio educativo en este sistema debe cumplir principios de accesibilidad, calidad, pertinencia, flexibilidad, inclusión, corresponsabilidad e igualdad. Estos principios obligan a las autoridades a anticipar las consecuencias de sus decisiones sobre la continuidad educativa de esta población.
¿Qué importancia le dio la Corte a las pruebas Saber 11° para esta población?
La Sala explicó que este examen cumple un papel central porque reconoce a los adolescentes como sujetos activos de su proceso formativo, abre la puerta al acceso a la educación superior y otras oportunidades, y constituye una herramienta clave para la construcción de su proyecto de vida.
Por ello, decisiones como asignar sedes externas sin considerar la condición de reclusión profundizan desigualdades que el Estado está llamado a corregir.
