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Empresas no podrán despedir trabajadores por perdida de capacidad laboral

La Sentencia de la Corte Constitucional T-076 de 2024, amparó el derecho a la estabilidad en el caso de Jesús David Escobar Fajardo, quien fue despedido de su trabajo, a pesar de gozar de “estabilidad laboral reforzada” debido a sus problemas de salud.

La Corte Constitucional, al revisar el texto de la tutela, determinó que la empresa tenía conocimiento de las patologías que sufría Jesús Escobar, por lo tanto, sí cabía el derecho a la estabilidad reforzada.

Este derecho es importante, pero no absoluto, pues si permite despidos basados en una razón objetiva para justificar el despido del trabajador, por lo tanto, la desvinculación no puede ser un acto discriminatorio, siendo revisada por un inspector de trabajo para que califique la validez del despido.

Así pues, la corte explica que “[Este derecho] no cobija únicamente a personas que se encuentren en situación de discapacidad sino a aquellos que tengan afectaciones de salud”, esto en consecuencia a la Sentencia SU-348 de 2022 en la que se estipula que la protección se aplica a todos los trabajadores que manifiesten graves afectaciones de salud que les impida realizar sus labores normalmente esto “sin importar si dicha situación propiamente sea considerada como una discapacidad”.

Por lo tanto, la Sala Novena encontró que la empresa Sí vulneró el derecho a la estabilidad reforzada de Jesús David Escobar Fajardo, por lo que la empresa incumplió “los deberes que la jurisprudencia constitucional ha reconocido en cabeza de los empleadores para casos como el presente”.

Por lo que se resolvió “conceder el amparo a la estabilidad laboral reforzada del accionante Jesús David Escobar”, ordenando una reintegración de él en sus labores correspondientes o pagarle al trabajador “(i) todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha de su desvinculación y hasta el momento en que se haga efectivo su reintegro y (ii) la indemnización correspondiente a 180 días de salario”.

La Corte Constitucional determinó que la empresa tenía conocimiento de las patologías que sufría Jesús Escobar, por lo tanto, sí cabía el derecho a la estabilidad reforzada.

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