El sábado 3 de agosto de 1816, seis hombres fueron ejecutados públicamente en Zipaquirá por las autoridades realistas que adelantaban la reconquista de la Nueva Granada. Sus nombres quedaron consignados ese mismo día en una partida parroquial: Agustín Zapata, Luis Sarache, José Luis Gómez, José María Riaño, Francisco Carate y Juan Nepomuceno Quiguarana.
Más de dos siglos después, aquel documento continúa siendo la evidencia más sólida para reconstruir lo sucedido. También permite distinguir los hechos comprobados de las versiones que, con el paso del tiempo, incorporaron nombres, lugares y circunstancias que todavía no cuentan con respaldo concluyente.
Los llamados Mártires de Zipaquirá no fueron necesariamente seis dirigentes militares reunidos alrededor de una misma causa. Entre ellos había padres de familia, un amanuense —es decir, un escribiente dedicado a elaborar y copiar documentos a mano—, un sargento de milicias, un representante indígena y varios hombres de condición popular sobre quienes apenas se conservan datos.
Lo que los unió fue una sentencia impuesta durante uno de los periodos más violentos de la Independencia y una ejecución pública concebida como castigo y advertencia para toda la población.
Llegaron prisioneros desde Santafé
El viernes 2 de agosto de 1816, los seis hombres fueron trasladados desde Santafé hasta Zipaquirá bajo custodia de las autoridades españolas.
Un manuscrito atribuido al zipaquireño Santiago Talero relata que ese día llegaron Zapata, Quiguarana, Carate y otros tres hombres conocidos por los apodos de Venceguerras, Carraco y Currutaco. Talero señaló que fueron «arcabuceados» al día siguiente, es decir, ejecutados mediante disparos de arcabuz, un arma de fuego antigua precursora del fusil.
La partida parroquial del 3 de agosto coincide con este testimonio en el número de víctimas, aunque registra los nombres de Luis Sarache, José Luis Gómez y José María Riaño en lugar de los tres sobrenombres. La comparación de ambas fuentes permite establecer que los apodos correspondían probablemente a esos tres hombres, pero no existe información suficiente para determinar cuál pertenecía a cada uno.
Los prisioneros fueron puestos en capilla después de su llegada. Esta expresión no significaba necesariamente que hubieran sido recluidos dentro de una iglesia. En aquella época se empleaba para denominar el confinamiento previo a una ejecución, durante el cual los condenados recibían asistencia religiosa y se preparaban para morir.
La tradición local sitúa aquel recinto en una vivienda ubicada aproximadamente en la mitad del costado occidental de la plaza principal donde hoy es la Casa Episcopal.
La puerta que conserva la memoria de la última noche
En 1887, el Concejo Municipal dispuso conservar la puerta del lugar donde, según la memoria transmitida en Zipaquirá, permanecieron los seis condenados antes del fusilamiento.
La pieza llegó a utilizarse en la cárcel de mujeres hasta que las autoridades ordenaron protegerla como elemento patrimonial. Una inscripción colocada sobre ella recuerda que sirvió de acceso al recinto donde los prisioneros pasaron sus últimas horas.
Desde entonces es conocida como la Puerta de los Mártires y representa uno de los testimonios materiales más reconocidos de aquel episodio.
Aunque no se conserva una descripción detallada de lo ocurrido durante esa noche, la partida parroquial confirma que los condenados se confesaron y recibieron la comunión. El registro demuestra que contaron con asistencia espiritual antes de ser conducidos al sitio de ejecución.
Una ejecución pública en la plaza de Zipaquirá
Durante la mañana del sábado 3 de agosto, los seis hombres fueron llevados hasta el lugar dispuesto por las autoridades realistas y pasados por las armas.
Las fuentes antiguas no establecen la hora exacta, la composición del pelotón ni el recorrido seguido por los prisioneros. Tampoco existe plena coincidencia sobre el punto preciso de la plaza en el que se produjo el fusilamiento.
La reconstrucción del historiador Luis Orjuela ubicó la ejecución hacia el costado occidental de la iglesia. Otras versiones locales la sitúan frente al antiguo convento de los franciscanos, en el sector norte de la plaza, donde funcionan dependencias de la Curia Diocesana.
Ante esa diferencia, la afirmación más rigurosa es que fueron ejecutados públicamente dentro del entorno de la plaza principal de Zipaquirá.
La exhibición de las condenas formaba parte de una política de intimidación. El propósito no se limitaba a quitarles la vida a los acusados: también buscaba advertir a los habitantes sobre las consecuencias de respaldar la causa republicana o ser considerados opositores de la Corona.
La reconquista y el aparato de represión
La ejecución ocurrió mientras las fuerzas españolas restablecían su dominio sobre la Nueva Granada.
Después de recuperar el trono, el rey Fernando VII envió una expedición militar comandada por Pablo Morillo, conocido como «el Pacificador», denominación asociada con la misión de restablecer el dominio español en los territorios rebeldes. Las tropas recuperaron Cartagena y avanzaron hacia el interior hasta tomar Santafé, adonde Morillo ingresó el 26 de mayo de 1816.
A partir de entonces funcionó un aparato de persecución compuesto principalmente por el Consejo Permanente de Guerra, el Consejo de Purificación y la Junta de Secuestros.
El Consejo Permanente de Guerra adelantaba procesos contra militares, funcionarios, dirigentes y personas acusadas de colaborar con la República. Sus decisiones podían concluir en condenas a muerte. El Consejo de Purificación examinaba a quienes eran considerados menos comprometidos, mientras que la Junta de Secuestros confiscaba los bienes de los señalados.
Los juicios sumarios, las prisiones, los destierros, las ejecuciones y los embargos extendieron el miedo por numerosas poblaciones.
La responsabilidad política y militar de Morillo sobre ese sistema está documentada. Sin embargo, no se ha localizado una sentencia que permita afirmar que impartió personalmente la orden individual de fusilar a cada uno de los seis hombres. Por ello, lo preciso es señalar que fueron ejecutados por las autoridades realistas durante la reconquista dirigida por Morillo.
Agustín Zapata, el mejor documentado
Agustín Zapata es el integrante del grupo sobre quien existe mayor información.
Un instrumento notarial de 1793 señaló que tenía 28 años, lo que permite calcular que nació hacia 1764 o 1765. Trabajó como amanuense del escribano Felipe Santiago Silva y recibió poderes para adelantar gestiones judiciales.
Aunque no tenía título de abogado, conocía los procedimientos legales de su tiempo. Por esa razón, algunos autores lo describieron como “tinterillo”, término empleado para referirse a quienes realizaban labores jurídicas sin formación profesional acreditada.
Zapata contrajo matrimonio con Clemencia Forero el 29 de abril de 1792, tuvo varios hijos y poseía una vivienda en la antigua calle de las Doncellas.
La tradición le atribuye participación, junto con Agustín Domínguez, en un acto público contra un retrato de Fernando VII. Aunque el proceso completo no ha sido localizado, una relación oficial fechada el 22 de julio de 1816 lo incluyó entre los oficiales presos señalados de rebelión.
De los seis ejecutados, es quien presenta la vinculación más claramente documentada con la causa republicana.
Juan Nepomuceno Quiguarana, sargento y padre de familia
La forma Juan Nepomuceno Quiguarana aparece en la partida parroquial, en el manuscrito de Santiago Talero y en documentos notariales. Algunas publicaciones utilizaron las variantes Tiguarana o Figuarana, pero Quiguarana cuenta con mayor respaldo documental.
Contrajo matrimonio con María de la Cruz Garzón el 4 de febrero de 1783. El escritor José Manuel Groot lo describió como un hombre sencillo, padre de familia y sargento de las milicias locales.
Según Groot, no habría participado en combates ni cometido acciones violentas. Su vinculación con las milicias pudo haber sido suficiente para que las autoridades españolas lo consideraran comprometido con el orden republicano.
La ausencia de su expediente judicial impide establecer si fue acusado por una conducta concreta o principalmente por el cargo que desempeñaba.
Francisco Carate y la representación indígena
La partida parroquial identifica a Francisco Carate. Por consiguiente, la forma Zárate, repetida en algunas publicaciones modernas, no corresponde al apellido consignado en el registro contemporáneo.
Groot lo presentó como un indígena principal, padre de familia y antiguo teniente de los indios. La denominación “principal” indicaba una posición reconocida dentro de la organización de la comunidad indígena.
Una publicación conmemorativa sostuvo que Francisco Carate era natural de Cogua. Si esta procedencia es correcta, la denominación «Mártir zipaquireño» debe entenderse en un sentido territorial, cívico y conmemorativo, y no como una referencia exclusiva a su lugar de nacimiento. En términos estrictamente geográficos, sería más preciso denominarlo «Mártir de Zipaquirá», pues fue ejecutado en esta población y su memoria quedó vinculada a ella.
Existe una contradicción que no ha podido resolverse. Mientras Groot lo describió como un hombre de recursos, la partida parroquial señaló que su entierro se efectuó “de limosna”. No se sabe si esta diferencia se debió a una confiscación de bienes, a su situación económica al morir, a una fórmula administrativa o a una imprecisión posterior.
Los escasos rastros de Sarache, Gómez y Riaño
La información sobre Luis Sarache, José Luis Gómez y José María Riaño es mucho más limitada.
Luis Sarache fue mencionado erróneamente como ‘Luis Sánchez’ en algunos textos. Una publicación conmemorativa afirmó que procedía de Tabio, pero no se ha localizado una partida de nacimiento u otro documento que permita confirmarlo.
José Luis Gómez aparece con ese nombre en el cuerpo del registro parroquial, mientras una anotación marginal lo identifica simplemente como Luis Gómez. No existen datos concluyentes sobre su familia, ocupación o participación política.
La fuente de 1816 registra a José María Riaño. El segundo apellido Cortés comenzó a utilizarse posteriormente en decretos y relatos conmemorativos, pero no figura en la partida contemporánea.
Uno de estos tres hombres era conocido como ‘Currutaco’; los otros dos, como ‘Venceguerras’ y ‘Carraco’. La asignación individual de esos apodos permanece sin resolver.
Currutaco: el condenado que decía ser realista
José Manuel Groot relató que Currutaco era un joven de condición popular que se identificaba como partidario del rey y no como defensor de la Independencia.
Según su narración, había recibido a las tropas españolas en Chiquinquirá y les había servido como guía. Pese a ello, fue capturado en Santafé, recluido en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y trasladado a Zipaquirá para ser ejecutado.
Groot sostuvo que, frente al pelotón, el joven protestó afirmando que siempre había sido realista y que desconocía la razón por la cual iban a matarlo.
No se conserva el expediente que permita comprobar íntegramente este relato ni se sabe si Currutaco era Sarache, Gómez o Riaño.
Sin embargo, plantea una posibilidad dolorosa: uno de los ejecutados pudo haber sido víctima de una acusación equivocada, una denuncia falsa, una confusión de identidad o un procedimiento sin garantías suficientes.
La consideración de mártires no depende de que todos hubieran dirigido la causa independentista. También se relaciona con su condición de víctimas de un sistema que impuso castigos extremos sin dejar registros completos de las pruebas, las defensas ni las sentencias.
¿Fueron seis o nueve los ejecutados?
Esta es la mayor controversia alrededor de la conmemoración.
Dos fuentes independientes y cercanas a los acontecimientos coinciden en que seis hombres fueron ejecutados: la partida parroquial del 3 de agosto de 1816 y el manuscrito de Santiago Talero.
La partida identifica de manera expresa a Agustín Zapata, Luis Sarache, José Luis Gómez, José María Riaño, Francisco Carate y Juan Nepomuceno Quiguarana. Talero, por su parte, afirmó que seis prisioneros llegaron desde Santafé y fueron arcabuceados al día siguiente.
Luis Orjuela revisó además los registros parroquiales correspondientes a los años posteriores y no encontró otra partida semejante asociada con los fusilamientos.
Tiempo después surgió la versión de que ese mismo día también habrían muerto Nepomuceno Carranza, Juan Evangelista Valdés y una mujer identificada tentativamente como María Josefa Lizarralde.
El sacerdote e investigador Roberto María Tisnés citó un documento atribuido al Consejo Permanente de Guerra. Según su descripción, el alcalde mayor de Zipaquirá, Miguel Lugo y León, habría informado que durante la noche fueron fusilados en la plazuela de La Floresta dos insurgentes y una mujer, acusados de intentar sobornar a la guardia.
Tisnés consideró probable que esas personas fueran Carranza, Valdés y Lizarralde. Sin embargo, el documento citado no las identificaba expresamente con esos nombres. Se trata de una interpretación posterior y no de una identificación documental definitiva.
Puede afirmarse que seis hombres fueron ejecutados, identificados y enterrados el 3 de agosto de 1816. También existe la hipótesis de una segunda ejecución con tres víctimas en La Floresta (Parque de Los Mártires), pero sus identidades y la relación directa con el primer fusilamiento no están demostradas.
El entierro junto a la capilla de Los Dolores
Después de la ejecución, los cuerpos fueron sepultados cerca de la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, en el sector del barrio La Concepción.
Luis Orjuela ubicó la sepultura en el costado sur de la capilla, bajo el alero de la sacristía. Señaló que la información procedía indirectamente de Francisco Pinzón, antiguo sacristán que habría presenciado el entierro.
En julio de 1931, durante unas obras realizadas en ese lugar, las autoridades municipales adelantaron una excavación de aproximadamente un metro. El acta correspondiente registró el hallazgo de restos óseos y tres cráneos. Debido a su deterioro, parte del material se fragmentó y se convirtió en polvo al ser manipulado.
Los restos fueron depositados en una urna y llevados al salón del Concejo. El 3 de agosto de 1931 fueron trasladados solemnemente a la iglesia parroquial, hoy Catedral Diocesana, y posteriormente regresaron a la capilla.
No se realizaron pruebas forenses que permitieran establecer a quién pertenecía cada fragmento. La atribución colectiva a los mártires se fundamentó en el lugar del hallazgo y en los testimonios transmitidos por la comunidad.
Los restos llegaron a la Catedral en 1979
En 1979, el obispo de Zipaquirá, monseñor Rubén Buitrago Trujillo, dispuso adecuar el antiguo bautisterio de la Catedral Diocesana como monumento funerario.
El decreto episcopal fue firmado el 16 de julio. El traslado ceremonial de los restos se realizó el 3 de agosto de ese año, aunque la inhumación definitiva debía completarse una vez concluyeran las obras.
La documentación permite corregir un error repetido en algunas publicaciones: el traslado a la Catedral no ocurrió en 1879, sino en 1979.
La secuencia respaldada por las fuentes es la siguiente: entierro junto a la Capilla de Los Dolores en 1816, exhumación y ceremonia pública en 1931, y traslado al monumento funerario de la Catedral en 1979.
Una memoria que Zipaquirá construyó durante generaciones
La conmemoración de las víctimas comenzó mucho antes del hallazgo de los restos.
En 1852, la Cámara Provincial de Zipaquirá expidió una ordenanza para honrarlas, aunque el documento contenía inconsistencias sobre sus nombres y su número. En 1887, el Concejo ordenó conservar la puerta del recinto donde los condenados habrían pasado su última noche.
En 1916 se celebró el primer centenario de la ejecución. En 1931 se organizaron nuevos actos conmemorativos y se promovió la búsqueda de los restos. Finalmente, en 1979, estos fueron trasladados al Monumento Funerario de la Catedral.
La Puerta de los Mártires, la partida parroquial, la urna, el mausoleo, el obelisco y los espacios urbanos asociados con el fusilamiento conservan la memoria de aquel 3 de agosto.
Seis personas detrás de los monumentos
Los documentos muestran que los Mártires de Zipaquirá fueron un grupo más diverso y complejo de lo que suelen presentar las narraciones solemnes.
No todos habrían nacido en Zipaquirá. Tampoco existe evidencia de que hubieran combatido juntos, pertenecido a una misma organización o tenido el mismo grado de compromiso con la República.
Uno estaba relacionado de manera comprobable con la causa independentista; otro era sargento de milicias; uno representaba a la comunidad indígena; varios eran padres de familia, y al menos uno pudo haber sido realista y condenado por equivocación.
La partida firmada por el sacerdote Pedro José Nieto mantiene vivos los seis nombres cuya ejecución está directamente respaldada por una fuente contemporánea: Agustín Zapata, Luis Sarache, José Luis Gómez, José María Riaño, Francisco Carate y Juan Nepomuceno Quiguarana.
Recordarlos con rigor exige reconocer lo que está documentado, presentar las versiones posteriores como tales y admitir las preguntas que continúan sin respuesta.
Detrás de la Puerta de los Mártires, el obelisco y el Mausoleo de la Catedral existieron seis personas con familias, oficios y vínculos comunitarios. Sus vidas fueron interrumpidas por la violencia de la reconquista y su muerte quedó incorporada para siempre a la memoria de Zipaquirá y Cundinamarca.
Existe la hipótesis de una segunda ejecución con tres víctimas en La Floresta, actual Parque de Los Mártires, pero sus identidades no han sido comprobadas.
Fuentes consultadas: partida parroquial del 3 de agosto de 1816; estudios y documentos publicados en el Boletín de Historia y Antigüedades de la Academia Colombiana de Historia; manuscrito atribuido a Santiago Talero; investigaciones de Luis Orjuela y Roberto María Tisnés; documentos recopilados por el Centro de Historia de Zipaquirá; estudios del Banco de la República sobre la reconquista; y archivos municipales relacionados con la Puerta de los Mártires.
