Tras una serie de protestas de comunidades afectadas por malos olores y al parecer, impactos ambientales, la Procuraduría General de la Nación (PGN) encendió las alarmas sobre la crítica situación que se vive en los alrededores del relleno sanitario Doña Juana, en el sur de Bogotá.
Las manifestaciones, que han escalado hasta convertirse en bloqueos al ingreso del sitio de disposición final de residuos, han puesto en riesgo la continuidad del servicio público de aseo en la capital. De prolongarse, esta situación podría generar serias consecuencias en materia ambiental y de salud pública, advirtió el Ministerio Público.
Frente a esta coyuntura, la Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios solicitó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) un informe detallado sobre las acciones de seguimiento a las medidas de manejo ambiental implementadas en ‘Doña Juana’. Además, pidió precisar las estrategias adoptadas para mitigar los impactos generados por la crisis actual.
La Procuraduría enfatizó que la protección del derecho colectivo a un ambiente sano no puede postergarse, y urgió a las autoridades a garantizar condiciones mínimas de salubridad y bienestar para los habitantes de Bogotá, especialmente para quienes viven en las zonas aledañas al relleno sanitario.
La CAR deberá informar qué ha hecho y qué hará para contener la crisis.
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