El Catastro Multipropósito sigue generando preguntas, tensiones y preocupaciones en diferentes regiones de Colombia, especialmente entre comunidades rurales, productores agropecuarios y autoridades territoriales que observan con atención los efectos que podría tener la actualización catastral sobre los avalúos y las cargas tributarias.
Ese panorama quedó reflejado durante el debate de control político adelantado en la Comisión Quinta del Senado, donde congresistas de distintas corrientes políticas y representantes del Gobierno nacional expusieron posiciones encontradas sobre el avance real de esta política pública.
La discusión reunió a directivos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), senadores de diferentes bancadas y miembros de la Comisión Quinta, en una jornada que estuvo marcada por advertencias sobre la capacidad institucional de los municipios, cuestionamientos frente a algunos avalúos y llamados para revisar los efectos económicos que la actualización podría generar en el campo colombiano.
Municipios enfrentan dificultades para asumir el nuevo modelo catastral
Uno de los puntos que concentró mayor atención durante el debate estuvo relacionado con las dificultades que enfrentan numerosos municipios para responder a las exigencias técnicas, administrativas y financieras del Catastro Multipropósito.
El senador Andrés Felipe Guerra Hoyos, promotor de la discusión, advirtió que persisten problemas de articulación entre el Gobierno nacional, el IGAC, los gestores catastrales y las administraciones municipales encargadas de operar parte del sistema.
El congresista señaló que muchas entidades territoriales aún presentan rezagos institucionales que podrían afectar la correcta implementación del modelo, especialmente en regiones donde históricamente han existido limitaciones en planeación territorial y actualización predial.
Guerra Hoyos insistió en la necesidad de mantener una discusión equilibrada frente a las consecuencias de esta política pública y pidió fortalecer las capacidades institucionales de los municipios para evitar impactos negativos sobre las comunidades rurales y los sectores más vulnerables.
IGAC reporta avances en más de 44 millones de hectáreas
En representación del Gobierno nacional intervino el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Gustavo Adolfo Marulanda Morales, quien presentó un balance sobre la ejecución de la política pública y defendió los avances alcanzados en el actual proceso de actualización catastral.
Según explicó el funcionario, actualmente se adelantan procesos de intervención y actualización en cerca de 326 municipios del país, con más de 44 millones de hectáreas incorporadas dentro de las acciones relacionadas con el Catastro Multipropósito.
Marulanda Morales aseguró que esta estrategia busca mejorar la información sobre predios rurales y urbanos, fortalecer el ordenamiento territorial y entregar herramientas más precisas para la toma de decisiones administrativas y fiscales por parte de alcaldías y gobernaciones.
El director del IGAC también sostuvo que el proceso pretende avanzar en seguridad jurídica sobre la propiedad y consolidar información territorial actualizada que permita una mejor planeación del desarrollo regional.
Crece la preocupación por posibles aumentos tributarios en el campo
Aunque el Gobierno defendió los avances de la estrategia, varios congresistas expresaron preocupación frente a los efectos económicos que la actualización catastral podría generar en sectores rurales y agropecuarios.
El senador Marcos Daniel Pineda García, aseguró que continúan registrándose innumerables inconformidades relacionadas con el funcionamiento del sistema y afirmó que numerosos ciudadanos mantienen dudas frente a las consecuencias que podrían derivarse de los nuevos avalúos catastrales.
El congresista advirtió que productores rurales temen eventuales incrementos en impuestos y obligaciones tributarias, especialmente en territorios donde las economías campesinas ya enfrentan dificultades asociadas a altos costos de producción, problemas de comercialización y limitaciones en infraestructura vial.
La preocupación también fue compartida por el senador Richard Fuelantala Delgado, quien pidió revisar algunos componentes metodológicos utilizados en determinados territorios y expresó inquietud frente al impacto tributario que podrían enfrentar familias campesinas y comunidades rurales.
Fuelantala Delgado insistió en que los procesos técnicos deben ajustarse a las realidades económicas y sociales de cada región para evitar afectaciones desproporcionadas sobre pequeños productores y sectores vulnerables del campo colombiano.
Senado pide revisar impactos sociales y territoriales del Catastro Multipropósito
La Isabel Cristina Zuleta López afirmó que las sesiones adelantadas en torno a este debate han permitido ampliar el análisis político, técnico y territorial sobre la implementación del Catastro Multipropósito y sus efectos sobre las comunidades.
La congresista sostuvo que la discusión ha servido para visibilizar posiciones distintas frente al modelo catastral y abrir espacios de revisión sobre las preocupaciones expresadas desde sectores campesinos, sociales y productivos en diferentes zonas del país.
En las conclusiones del debate, el senador Guerra Hoyos reiteró que uno de los principales desafíos continúa siendo la coordinación entre entidades nacionales y territoriales, así como la construcción de mecanismos que permitan evitar afectaciones económicas derivadas de la actualización predial.
El congresista también insistió en la necesidad de garantizar transparencia, solidez técnica y capacidad operativa en los municipios encargados de implementar el sistema.
Municipios y campesinos alertan por los graves impactos económicos del nuevo modelo catastral.
