Corte Suprema de Justicia decidirá destino de concesión minera en Panamá

La población panameña en días pasados ha manifestado su rechazo a la suscripción de un nuevo convenio entre la Minera Panamá y el Estado, en el que se le permitiría a esta empresa explotar por otros 20 años el yacimiento mas grande de cobre de toda Centroamérica.

Según los manifestantes, este contrato es perjudicial no solo para el ecosistema circundante al yacimiento sino porque no genera los beneficios necesarios para compensar el daño que se genera de esta explotación.

Otro punto importante que desató la inconformidad de la población es que para que esta empresa opere necesita grandes cantidades de agua potable y, por lo tanto, tendría la monopolización del líquido.

Aun con conocimiento del inconformismo de la población con respecto a este tema, el proyecto fue aprobado desatando una serie de protestas que se extendieron por varios días en el país, en las que se pedía que se derogara la norma, acción que el gobierno nacional no realizó.

Aunque el Gobierno Nacional anunció que para decidir esta concesión llamaría a una Consulta Popular organizada por el Tribunal Electoral, en las últimas horas, este mismo tribunal rechazó la organización de la consulta, ya que el contexto social está demasiado convulso y por lo tanto es la Corte Suprema de Justicia la que debe resolver las demandas de inconstitucionalidad contra este contrato minero.

Así pues, de resolverse la discusión sobre la legalidad de la concesión por parte de la Corte Suprema de Justicia la consulta popular del 17 de diciembre sería innecesaria.

Hasta el momento las protestas se han mantenido y se exige la derogación inmediata de esta ley.