La Contraloría General de la República emitió una Función de Advertencia al Ministerio de Hacienda por el manejo de la deuda pública del Gobierno Nacional, tras identificar un escenario de presión fiscal que compromete la sostenibilidad de las finanzas del país.
El pronunciamiento, sustentado en el Artículo 268 de la Constitución Política, advierte que el crecimiento acelerado del endeudamiento, el endurecimiento de las condiciones financieras y la débil relación entre ingresos y gastos están deteriorando el equilibrio fiscal.
Diagnóstico oficial: señales de tensión en el sistema financiero del Estado
Durante el foro “Balance Económico y Perspectiva Fiscal para la Sostenibilidad Nacional”, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, presentó un análisis detallado del panorama económico y fiscal, en el que expuso alertas sobre la programación financiera, la ejecución del gasto, la contratación pública y la acumulación de obligaciones en sectores estratégicos.
El informe evidencia un entorno fiscal cada vez más exigente, en el que la capacidad del Estado para responder a sus compromisos enfrenta crecientes limitaciones.
Tasas en alza y deuda más costosa: el impacto del financiamiento reciente
Uno de los puntos más sensibles identificados por el ente de control es el comportamiento del financiamiento público. Las tasas de los TES B de corto plazo alcanzaron 13,69%, mientras que las de largo plazo en pesos llegaron a 14,03%, reflejando un encarecimiento del crédito para el Estado.
A esto se suman las operaciones de canje previstas para 2025 y 2026, en las que se han emitido títulos con tasas cupón superiores a las de los títulos recibidos, lo que confirma un deterioro en las condiciones de la deuda y un mayor costo financiero hacia adelante.
Sectores bajo presión: salud, energía y justicia concentran las mayores cargas
El impacto de esta situación ya se refleja en sectores estratégicos. En salud, las EPS acumulan deudas por $32,98 billones al cierre de 2024. En el sector farmacéutico, las obligaciones pasaron de $2,8 billones en 2024 a $3,8 billones en 2025.
En energía, los subsidios eléctricos pendientes ascienden a cerca de $3,8 billones, en un contexto que podría agravarse ante el Fenómeno del Niño previsto para el segundo semestre de 2026.
Por su parte, las contingencias judiciales representan otra fuente crítica de presión: el Estado enfrenta obligaciones por $17 billones derivadas de fallos ejecutoriados, de los cuales $14,9 billones deben pagarse en menos de un año.
Víctimas y deuda social: una obligación de largo alcance
En materia de reparación a víctimas, el Estado ha indemnizado a 1,9 millones de personas con recursos cercanos a $15 billones. Sin embargo, aún hay 7,8 millones de víctimas pendientes, lo que implica compromisos estimados en $133 billones entre indemnizaciones individuales y colectivas.
Este componente amplía el alcance de la presión fiscal, al incorporar obligaciones de carácter estructural que demandan recursos sostenidos en el tiempo.
Ante este escenario, la Contraloría propuso una hoja de ruta centrada en cinco líneas de acción: depurar y reconocer pasivos acumulados, fortalecer los ingresos, mejorar la calidad del gasto, cerrar brechas en la ejecución presupuestal y preservar la disciplina fiscal.
El organismo de control insistió en la necesidad de adoptar decisiones estructurales que permitan corregir las distorsiones actuales y evitar un mayor deterioro de las finanzas públicas.
“El primer acto de gobierno no debe ser anunciar nuevas promesas, sino presentar el plan de recuperación económica que el país necesita. Este nuevo ciclo será recordado no por la magnitud de sus anuncios, sino por la solidez de sus decisiones”, concluyó el contralor general Rodríguez Becerra.
$17 billones en fallos judiciales presionan la caja pública
en el corto plazo.
