El Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, una decisión de alcance nacional con la que busca enfrentar el déficit fiscal dejado por el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso y asegurar recursos por $16,3 billones para sostener el funcionamiento del Estado.
Facultades extraordinarias del Ejecutivo durante 30 días
La medida, sustentada en el artículo 215 de la Constitución Política, autoriza al Ejecutivo a expedir decretos con fuerza de ley durante 30 días calendario, con el propósito de adoptar acciones excepcionales orientadas a contener la presión fiscal.
En ese marco, el Gobierno podrá crear o modificar tributos, realizar ajustes presupuestales y ejecutar operaciones financieras consideradas necesarias para evitar un mayor deterioro de las finanzas públicas.
El Decreto 1390, firmado por el jefe de Estado y la totalidad del gabinete ministerial, establece en su artículo 2 que el Gobierno nacional queda facultado para dictar “todas las medidas que sean necesarias y estén destinadas exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos”, siempre bajo el principio de temporalidad y con sujeción a los límites constitucionales.
Control político del Congreso tras el fin de la emergencia
Además, el artículo 4 dispone que, una vez finalice el periodo de emergencia, el Ejecutivo deberá convocar al Congreso de la República dentro de los diez días siguientes, con el fin de que se ejerza el control político sobre el uso de las facultades extraordinarias, conforme a la Constitución y a lo previsto en el artículo 46 de la Ley 137 de 1994.
Como ocurre con este tipo de decisiones, el decreto declaratorio será enviado a la Corte Constitucional para su revisión automática y el respectivo análisis de constitucionalidad, paso obligatorio que definirá la validez jurídica de las medidas que se adopten durante la emergencia.
En los considerandos del Decreto 1390, el Gobierno expone un conjunto de circunstancias que, según el Ejecutivo, configuran una situación grave e inminente. El documento advierte sobre la incapacidad material y jurídica del Estado para garantizar plenamente algunos derechos fundamentales, en un contexto marcado por presiones fiscales acumuladas y factores externos e internos de alto impacto social.
Factores que presionan las finanzas públicas
El texto oficial señala que el país atraviesa una coyuntura fiscal excepcional, afectada por hechos concurrentes que reducen el margen de maniobra del presupuesto nacional y comprometen la estabilidad de la caja pública. Entre las causas específicas se destacan:
- La obligación de cumplir un auto de la Corte Constitucional relacionado con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del sistema de salud.
- La necesidad de reforzar la seguridad ciudadana ante alteraciones recientes del orden público y el aumento del riesgo por atentados contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos en el periodo preelectoral.
- La no aprobación de dos proyectos consecutivos de Ley de Financiamiento para las vigencias 2025 y 2026.
- Los desastres naturales asociados a la actual temporada de lluvias.
- Sentencias judiciales en firme pendientes de pago.
- Obligaciones legales atrasadas, como subsidios de servicios públicos de energía eléctrica y combustibles.
- El agotamiento de alternativas de endeudamiento dentro de los límites de la Regla Fiscal y el impacto de medidas unilaterales adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos.
- Restricciones severas en la caja de la Tesorería General de la Nación.
Escenario fiscal y anuncio de nuevas medidas
En este contexto, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, explicó que el país cierra el año con esfuerzos orientados al equilibrio fiscal, en un escenario en el que los ingresos tributarios no crecieron al ritmo previsto. A ello se sumaron el hundimiento del proyecto de Ley de Financiamiento, la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales y la desfinanciación del Presupuesto General de la Nación de 2026, estimada en $16,3 billones.
Con la declaratoria ya en firme, el Gobierno anunció que en los próximos días expedirá los primeros decretos reglamentarios, en los que se detallarán las medidas fiscales, presupuestales y sociales que se implementarán durante la Emergencia Económica y Social, bajo seguimiento constitucional y control político.
El Decreto 1390 permite adoptar medidas fiscales y
presupuestales por un periodo limitado de 30 días.
