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¿Protección ambiental o freno al crecimiento? La polémica resolución tiene en vilo a Cundinamarca

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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, ha manifestado su preocupación ante el proyecto de resolución presentado por el Ministerio de Ambiente, el cual podría afectar gravemente la productividad y el desarrollo en 40 municipios del departamento. Aunque el mandatario reconoce la importancia de una mejor planificación territorial y un crecimiento sostenible, advierte que la iniciativa genera incertidumbre y requiere ajustes para evitar impactos negativos en la región.

 

Puntos de preocupación

Rey Ángel señala que, si bien el desarrollo urbanístico e inversionista en la Sabana de Bogotá no ha seguido principios de planeación regional adecuados, el proyecto de resolución podría traer consecuencias adversas para el territorio. Entre las inquietudes destacadas se encuentran:

 

  • Limitaciones a la actividad productiva: No podrían desarrollarse nuevas actividades productivas ni mejorarse las existentes.
  • Impacto en la movilidad y el transporte: Las obras viales y proyectos de transporte masivo regional podrían retrasarse o enfrentar dificultades para obtener licencias.
  • Dificultades en infraestructura y servicios: Se complicaría la construcción de infraestructura necesaria para cubrir la creciente demanda de servicios públicos.
  • Restricciones en el uso del suelo: La resolución propone declarar todo el suelo de la Sabana como zona de protección ambiental o agrícola, prohibiendo la expansión urbana más allá de lo ya aprobado.

 

El gobernador subraya que, si bien comparte la necesidad de preservar el ecosistema de la Sabana y proteger las fuentes hídricas, la medida no contempla dónde podrían asentarse los 2,3 millones de habitantes adicionales que, según proyecciones del DANE, tendrá Cundinamarca en 2050.

 

Falencias en la cartografía utilizada

Otra preocupación expresada por Rey Ángel es la precisión de la cartografía utilizada en la resolución. Según él, la escala actual no es adecuada para la toma de decisiones y genera distorsiones en el análisis del territorio. Pone como ejemplo el caso de Tocancipá, donde se ha identificado como humedal cerca del 50% del territorio municipal, a pesar de que en el terreno esta condición no se evidencia en su totalidad.

 

Implicaciones significativas

El mandatario departamental asegura que el impacto de la resolución sería considerable para los municipios de la Sabana de Bogotá. Algunos de los efectos más relevantes incluyen:

 

  • Afectación a 40 municipios: En 24 de ellos, toda su extensión territorial se vería impactada, mientras que en los otros 16 la afectación sería parcial.
  • Congelación de proyectos de vivienda: Se estima que unas 350.000 viviendas en trámite de aprobación quedarían en un limbo legal.
  • Dificultades para proyectos de infraestructura: Proyectos viales, aeroportuarios y de servicios enfrentarán nuevos requisitos, incrementando costos y tiempos de ejecución.
  • Ambigüedad en la regulación: El documento carece de precisión en sus términos, lo que podría dificultar su aplicación efectiva.

 

Si bien las áreas ya aprobadas como suelo de expansión se respetarán, el 85% restante del territorio de la Sabana quedaría restringido a usos exclusivamente agrícolas o ambientales, lo que plantea un reto a mediano y largo plazo.

 

Falta de concertación con los territorios

Una de las principales críticas al proceso es la falta de socialización con las entidades territoriales. La resolución fue publicada el 28 de febrero sin un proceso previo de concertación, lo que ha generado inquietud en el Gobierno departamental.

 

“Esperábamos construir estos lineamientos de manera armónica y coordinada en mesas técnicas, pero nos toma por sorpresa esta publicación. Ahora estamos analizando el documento y sus implicaciones jurídicas para presentar observaciones en el plazo establecido por el Ministerio”, indicó el gobernador Rey Ángel.

 

Además, señaló la falta de equidad en los tiempos de análisis: mientras el Ministerio tardó más de un año en elaborar la resolución, los municipios solo tienen cinco días para presentar sus observaciones.

 

“Esto contradice la voluntad de hacer un proceso realmente consultivo. Un buen gesto del Ministerio sería ampliar el plazo para permitir una evaluación técnica rigurosa de los impactos”, agregó.

 

Ante esta situación, el Gobierno de Cundinamarca insiste en la necesidad de un diálogo amplio y concertado que permita equilibrar la protección ambiental con el crecimiento sostenible de la región.

El 85% del suelo de la Sabana sería exclusivo para usos agrícolas y ambientales.

Foto portada: Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel.

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