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¿Una luz de esperanza brilla al final del túnel a favor de los habitantes de Ciudad Jardín?

Representantes de la comunidad de Ciudad Jardín, donde varias familias podrían se lanzadas de los predios, en un proceso que ya supera los 30 años a causa de Mariano Porras, un urbanizador pirata que dejó ese problema, se reunieron en la mañana de hoy con el alcalde Wilson García Fajardo, el Diputado Fabián Mauricio Rojas García y el gobernador Nicolás García Bustos, para buscar alternativas de solución y superar a favor de las partes estos hechos que han generado zozobra en Zipaquirá.

Inicialmente, volverán a encontrarse el lunes próximo en el despacho del gobernador para hacer un documento y enviarlo ante los entes judiciales que tienen la orden de desalojo que se llevaría a cabo el próximo 30 de marzo, con el fin de que lo aplacen y así gestionar una salida oportuna, entre ellas, la posibilidad de adquirir la franja donde están construidas las viviendas y mediante alguna figura legal, encontrar una salida viable y culminar este proceso angustioso.

Se está a la espera de una nueva y milagrosa decisión, sin embargo la diligencia continúa y vendrá un capítulo más de esta crónica ciudadana que pareciera de nunca acabar.

Hace más de 30 años, estas familias viven el calvario y la desilusión de no poder acceder a vivienda propia ‘gracias’ al exconcejal de Bogotá y candidato al Congreso de la República, Mariano Enrique Porras Buitrago, en ese entonces.

Con falsas promesas y triquiñuelas, Porras Buitrago, llenó de ilusiones a más de 200 familias en Zipaquirá, y no le cumplió a ninguna, dejándoles un problema, hoy heredado, que aún no se soluciona.

Lo propio hizo en otras ciudades y municipios abandonando a las comunidades, dejándolas a la deriva y escabulléndose de la justicia, quienes asumieron serios y dolorosos litigios.

Desde entonces se surtieron demandas y contrademandas de la familia Navas quienes eran los dueños del terreno, argumentando que el urbanizador no les había cancelado los valores acordados del predio para el proyecto.

Los afectados dicen que ellos le pagaron al político con recursos propios y otros, obtenidos gracias a rifas, bazares, fiestas y donaciones.

El urbanizador estuvo en la cárcel unos meses por otras demandas, salió y según algunas personas, se fue para Venezuela y no se volvió a saber nada de él.

Mientras tanto, el litigio continuó entre la familia Nava y quienes ostentan la propiedad.

Se crearon dos asociaciones de vivienda, entre ellas Ciudad Jardín, pero sus representantes iniciales no resultaron con nada.

Una joven mujer, heredera del litigio y de nombre Johanna López Saavedra, tomó las riendas de la Asociación, y ha luchado hasta el día de hoy, acompañada por los que habitan el predio, defendiendo a pies y manos el proyecto y recurriendo a muchas entidades y formas para hacerse sentir.

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De parte y parte, se presentaron muchos recursos jurídicos en diferentes instancias y finalmente se inició un proceso de desalojo a favor de la familia Navas.

En Zipaquirá, el Juez Tercero Civil Municipal, Rodrigo José Pineda Rodríguez, recibió la orden para que mediante diligencia se proceda al lanzamiento de quienes habitan allí, porque según juristas no había más recursos que interponer.

Según el último fallo judicial, los habitantes tenían un plazo máximo de entregar el predio a más tardar el 22 de abril de 2020, pero por la pandemia del covid 19 que llegó a Colombia no se pudo cumplir con esta decisión judicial en la fecha prevista.

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En la mañana del miércoles 24 de marzo de 2021, el Juzgado había convocado a representantes de 13 familias para continuar con la diligencia de desalojo que se había realizado el 4 de marzo del año pasado, pero por no haber garantías adecuadas de bioseguridad, Miller Mauricio Castro Duque, personero de Zipaquirá, solicitó al juzgado aplazamiento de la diligencia, a lo cual el juez accedió.

Se surtieron otras convocatorias de desalojo, sin embargo, por diferentes causas fueron suspendidas.

Para la diligencia del jueves 11 de noviembre, llegó la Policía y el ESMAD, donde al principio hubo un altercado que se consiguió superar.

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Los habitantes del predio estaban a la expectativa y argumentaban que no iban a salir del predio, porque según ellos les pertenecía.

El juez, la Personería, Defensoría del Pueblo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Secretaría de Gobierno de Zipaquirá y otros organismos reunidos allí, se retiraron al Puesto de Mando Unificado (PMU) a deliberar la situación del momento a puerta cerrada en el ‘Salón Comunal’ del Barrio El Prado.

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Finalmente se decidió en el PMU volver a aplazar, hasta nueva orden la diligencia, argumentando inconvenientes logísticos.

Hubo gritos de júbilo por parte de los residentes y lágrimas de emoción porque habían logrado ganar una nueva batalla, pero quedaban a la expectativa de una nueva diligencia.

Finalizó el 2021 y llegó el 2022 y el Juzgado estableció que el miércoles 30 de marzo se haría el desalojo.

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La comunidad de Ciudad Jardín hizo otras reuniones buscando aliados ante este hecho que han vivido.

El día 12 de febrero de 2022, por gestión del diputado Fabián Rojas García, hubo una reunión con la comunidad de la Asociación Ciudad Jardín, con el alcalde Wilson García y con el gobernador, Nicolás García, estableciendo mediante oficio, pedirles a los entes judiciales que aplacen la diligencia un tiempo más, buscando un compás de espera y así establecer una salida definitivay legal, a favor de quienes habitan en ese lugar.

Se surtieron otras convocatorias de desalojo, sin embargo, por diferentes causas y por fortuna para los de Ciudad Jardín fueron suspendidas.

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