Un largo caminar para exigir que le devuelvan sus viviendas
Economía

Un largo caminar para exigir que les devuelvan sus viviendas

Desde Santander, caminantes recorren parte del país hasta Bogotá en procura de recuperar sus casas.


ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA.

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Al municipio de Zipaquirá llegaron provenientes de los municipios de Florida Blanca y Bucaramanga, Santander, cuatro caminantes que de esta manera, según ellos, están protestando por los altos y exagerados intereses que tiene el sistema financiero colombiano para con sus usuarios, especialmente de quienes han adquirido algún inmueble y lo han perdido porque se vieron ahogados económicamente al no poder pagar a tiempo las cuotas del banco.

Olga Lucía Caicedo Chávez una de las caminantes y afectada por los altos intereses y quien perdió su vivienda porque le fue rematada hace algunos años, manifestó que desde hace nueve días han emprendido su marcha que terminará en la Capital de la República mañana y donde llegará encadenada para pedir solidaridad del Congreso de la República y de los organismos que regulan a las entidades bancarias y de vivienda para que le pongan atención especial a personas muy humildes que han perdido o están por perder sus viviendas por similar situación.

“Yo vengo denunciando a la Rama Judicial y al Sistema Bancario que han sido violatorios con la ley y donde por situaciones difíciles de la vida que hemos tenido nos han quitado nuestras viviendas, como la que adquirí de carácter de interés social, donde los agiotistas se aprovechan y nos rematan, y donde los jueces no fallan en derecho privilegiando a los rematadores quitándonos lo poco que teníamos”, expresó angustiada la afectada.

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Además de sus largas jornadas de caminata han realizado plantones frente a oficinas bancarias de cada municipio por donde pasan y  en los parques principales, además de llamar la atención de ciudadanos, donde muchos se solidarizan con esta causa, y en algunos casos los acompañan en parte del trayecto.

Según la líder del grupo: “después de un censo que se hizo sobre este particular con la Veeduría La Lupa, en solo Santander se rematan en promedio 100 viviendas mensuales, significando que al año son 1.200 familias desplazadas por la Rama Judicial y el Sistema Bancario”, insiste, agregando que “infortunadamente se tienen que ir a vivir a asentamientos urbanos acrecentando el número de personas en  la miseria”.

 

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“En solo Santander se rematan en promedio 100 viviendas mensuales, significando que al año son 1.200 familias desplazadas por la Rama Judicial y el Sistema Bancario”,

 

En el caso de Olga Lucía le remataron la vivienda hace dos años a pesar de ser de interés social, donde tomó un crédito hace más de 18 años con la antigua Caja Agraria que al momento de ser liquidada no le pasaron su crédito a otra entidad bancaria, sino que de inmediato iniciaron su proceso de embargo con el ‘cartel de remate’, como ella califica a quienes compraron la cartera para que finalmente sin compasión terminara subastando sus viviendas, sin tener en cuenta que lanzaban a la calle a familias con niños pequeños, ancianos y gente de bien sin tener en cuenta que lucharon mucho para obtenerla, hacerle mejoras y nuevas construcciones de ampliación, para terminar cediéndola por mucho menos de lo que le adeudaban al banco. “Lo mismo sucedió a varias de las familias de Villa Alcázar en Floridablanca, Santander”, manifiesta.

“He tomado la decisión de no quedarme callada y denunciar para no permitir que me roben mi casa, por tal motivo enviamos ante la Corte Interamericana estas denuncias que además están en la Corte Constitucional para revisión y donde le pedimos a las altas cortes que revisen los fallos del año 99 en adelante, donde la ley ordenaba la revisión, reestructuración y la refinanciación”, concluyó la peticionaria.

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El día de mañana, después de recorrer 436 kilómetros desde Bucaramanga, llegarán a la Plaza de Bolívar para posteriormente acudir a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la República, a la Fiscalía, Al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Protección Social y hasta la misma Presidencia de la República, a quienes antes de salir a la marcha Olga Lucía los ofició por correo certificado.

En Zipaquirá se reunieron frente a la Casa de Gobierno, donde el concejal Eduard Sarmiento Hidalgo les asistió y les brindó su respaldo en procura de que en el Congreso de la Nación y las entidades que correspondan revisen el tema, se gestione y se aplique la reducción de las tarifas o intereses retornándoles su casa o una nueva solución de vivienda.

 

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“He tomado la decisión de no quedarme callada y denunciar para no permitir que me roben mi casa, por tal motivo enviamos ante la Corte Interamericana estas denuncias que además están en la Corte Constitucional para revisión y donde le pedimos a las altas cortes que revisen los fallos del año 99 en adelante, donde la ley ordenaba la revisión, reestructuración y la refinanciación”.

 

 

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