Por Redacción
Sentencia T-286: Premio al enfoque intercultural indígena
En el marco del XI Encuentro de la Jurisdicción Especial Indígena, la Sentencia T-286 de 2024, emitida por la Corte Constitucional y redactada por el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, fue premiada como la mejor sentencia con enfoque intercultural en la categoría de Alta Corte. Este galardón, otorgado durante la primera edición del concurso promovido por la Rama Judicial, destacó el compromiso de la Corte con los derechos de las comunidades indígenas.
Un caso de defensa territorial y cultural
La acción de tutela fue presentada por Lorenzo Rodríguez, gobernador de la Comunidad Indígena Métiwa Guacamayas, quien denunció la persecución judicial y administrativa contra los miembros de su comunidad. Estas acusaciones incluían delitos como concierto para delinquir, ecocidio, y daño en recursos naturales, pese a que las actividades realizadas buscaban garantizar su subsistencia a través del uso tradicional de recursos en su territorio ancestral.
La medida de aseguramiento impuesta, que prohibía trabajar la tierra, y las sanciones ambientales derivadas de estos procesos omitían un enfoque étnico, ignorando las costumbres y derechos de la comunidad sobre el uso sostenible de recursos naturales como la Palma de Moriche, considerada «el árbol de la vida» por su relevancia cultural y económica.
Protección de derechos y ordenanzas
La Corte Constitucional ordenó la elaboración conjunta de protocolos de manejo ambiental entre la Comunidad Métiwa Guacamayas y Corporinoquía, además de proyectos que respeten los usos ancestrales de los morichales. Asimismo, protegió los derechos de la comunidad al territorio, la autonomía indígena y la seguridad alimentaria, señalando la ausencia de un Plan de Salvaguarda Étnico como una vulneración sistemática.
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Adicionalmente, la Corte constató graves demoras por parte del Estado en atender solicitudes cruciales para la comunidad:
- 26 años sin respuesta sobre la constitución del resguardo.
- 7 años frente a la protección del territorio ancestral.
- 5 años para resolver la revocatoria de baldíos adjudicados a terceros.
- Estas omisiones incrementaron los conflictos por la tierra, afectando la sostenibilidad alimentaria y la organización política de la comunidad.
Plazos concretos para garantizar derechos
La sentencia estableció un plazo de nueve meses para que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) resolviera las solicitudes pendientes, incluyendo la protección del territorio y la revocatoria de adjudicación de los predios «La Libertad» y «La Envidia».
Con este fallo, la Corte Constitucional reafirma su compromiso con un enfoque intercultural, reconociendo la importancia de proteger los derechos y la identidad de las comunidades indígenas en Colombia.
La sentencia destacó la importancia de incorporar un enfoque étnico en los procesos judiciales y administrativos.
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