La Federación Colombiana de Municipios, Fedemunicipios, celebró la decisión de la Corte Constitucional, que obliga a la USPEC a mantener el suministro de alimentos a personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria. La medida, contenida en el Auto 897 de 2025, marca un precedente crucial en la defensa de los derechos humanos y evita el riesgo de una crisis humanitaria en el sistema penitenciario.
La Corte, a través de su Sala Especial de Seguimiento, dejó claro que la alimentación de las personas bajo detención preventiva no puede considerarse una carga de los entes territoriales, sino una responsabilidad compartida del Estado, que requiere financiación, coordinación y compromiso institucional.
Municipios sin recursos enfrentaban presión insostenible
Desde la Federación se destaca que esta determinación representa un alivio para decenas de municipios que, sin recursos ni estructura administrativa suficiente, enfrentaban una presión insostenible.
“Muchos no tienen capacidad técnica, contractual ni presupuestal para asumir este servicio de forma inmediata”, señalaron voceros del gremio.
El Auto 897 no solo protege la dignidad, salud e integridad de los sindicados, sino que reconoce las dificultades reales del nivel local para responder a una demanda que, históricamente, ha estado en el limbo institucional.
Llamado a la articulación con recursos y condiciones adecuadas
La Federación reafirmó su voluntad de seguir participando en los espacios de diálogo convocados por la Corte Constitucional y otras instancias del Gobierno Nacional, insistiendo en que cualquier proceso de descentralización debe estar respaldado con recursos y condiciones que garanticen su viabilidad.
“Reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, los derechos humanos y la construcción de soluciones estructurales. Esta decisión es un paso en la dirección correcta”, concluyó el comunicado.
Fedemunicipios celebra este precedente y pide que la descentralización se acompañe de recursos.
