La Procuraduría General de la Nación (PGN) alcanzó un importante acuerdo con la Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia, mediante el cual se implementará un mecanismo interinstitucional de traslado para personas privadas de la libertad (PPL), ya condenadas, que permanecen actualmente en Centros de Detención Transitoria (CDT).
La iniciativa se enmarca en las acciones de seguimiento que adelanta el Ministerio Público al estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario, declarado por la Corte Constitucional.
Hacinamiento del 116 % en CDT: una crisis estructural
De acuerdo con cifras presentadas durante el encuentro, 20.940 personas privadas de la libertad se encuentran actualmente recluidas en CDT ubicados en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), cuya capacidad instalada no supera los 9.681 cupos, lo que representa un índice de hacinamiento del 116%.
Particular preocupación genera la situación de 1.424 personas ya condenadas, que aún permanecen en estos centros de detención temporal. De ese grupo, la Policía Nacional advirtió que 193 personas llevan más de 690 días sin que se haya definido su traslado a un establecimiento penitenciario del orden nacional.
Acuerdo para cronograma de traslados y seguimiento interinstitucional
Entre los compromisos asumidos se destaca la elaboración conjunta, por parte del INPEC y la Policía Nacional, de un cronograma de traslados que contemple la coordinación de aspectos logísticos, operativos y de seguridad, así como la creación de un mecanismo de seguimiento y verificación que permita garantizar su cumplimiento.
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El propósito central es agilizar el ingreso de las personas ya condenadas a establecimientos penitenciarios adecuados, reduciendo los riesgos derivados del hacinamiento en CDT, y respondiendo así a los mandatos de la Corte Constitucional en materia de derechos fundamentales.
Rol de la Procuraduría y vigilancia al cumplimiento
El procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Néstor Iván Osuna Patiño, reconoció el compromiso institucional de las entidades participantes y subrayó la importancia de mantener una vigilancia constante sobre la implementación del acuerdo: “La Procuraduría continuará realizando un seguimiento riguroso y permanente para garantizar el respeto de los derechos humanos de la población privada de la libertad y el cumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional”, afirmó.
Implicaciones del acuerdo
La puesta en marcha de este mecanismo permitirá:
- Reducir el hacinamiento estructural en estaciones de Policía y URI.
- Garantizar condiciones mínimas de dignidad y seguridad para la población condenada.
- Mejorar la eficiencia institucional en el manejo del sistema penitenciario.
- Fortalecer el cumplimiento de decisiones judiciales en materia de derechos humanos.
Más de 20.000 reclusos están en CDT que solo tienen capacidad para 9.681 personas.
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