Por iniciativa de la senadora Aída Avella (Coalición Lista de la Decencia), se llevó a cabo la Audiencia Pública Virtual, para analizar la situación sobre feminicidio en el país. El evento contó con la presencia de organizaciones de la sociedad civil y entidades del Gobierno Nacional.

En la instalación de la audiencia, la presidenta de la Comisión, Nora García Burgos (Partido Conservador), manifestó que el feminicidio es la máxima expresión de violencia de género: “Es un tema que nos llega a todo nuestro ser como mujeres. Es el momento de reflexionar, sobre los hechos de violencia y feminicidio que se han presentado en el país, en lo que va corrido del año”. La congresista indicó que según la fundación de feminicidio, en el mes de febrero se registraron 39 casos de feminicidios y sólo 18 de ellos se pudo identificar el agresor.

Agregó: “En la Comisión nos unimos para promover y garantizar los derechos de las mujeres, en donde somos la voz de las colombianas, desde todos los ángulos”. Aseguró que en el país existen muchos casos de feminicidios que no se reportan por el miedo que sienten las mujeres. “Necesitamos unirnos para combatir con más fuerza este flagelo tan grande en contra de las mujeres. Aquí tejemos la democracia, esperamos que en este año podamos decir, ni una más”.

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En su presentación la senadora Avella, dijo que en la pandemia precarizó la vida de las mujeres, aumentándose la violencia de género y el feminicidio, afectándola en su salud mental. La congresista hizo un llamado para que se atiendan de manera efectiva a las mujeres afectadas por violencia, en las líneas señaladas en caso de emergencia, como la Fiscalía, Policía y Bienestar Familiar, entre otras.

La legisladora señaló que en año 2020, se registraron 228 feminicidios, entre mujeres afro, niñas e indígenas: “Esta es una situación muy dramática, no podemos continuar así. De igual manera se da en las mujeres migrantes y lideresas, quienes están en alto grado de vulnerabilidad”.

Así mismo, expresó que existe un alto índice de impunidad en estos casos relacionados con feminicidios y que el 93% se encuentran sin resolver y los agresores no han sido judicializados. Informó que en este año van 42 feminicidios; aseguró que las mujeres que se quedaron en casa por la pandemia han tenido mayor riesgo, y están sometidas a violaciones.

También anunció que no existe una legislación para la protección de hijos huérfanos, víctimas de feminicidios,” Muchos de los huérfanos no tienen seguimiento, por su situación psicológica y emocional, por lo general pasan a manos de sus abuelos, quienes no poseen recursos para atender sus necesidades”.

La congresista le solicitó al Bienestar Familiar, atender la situación de los menores e hizo relación a la atención que deben tener las mujeres en el campo, las trans, indígenas y lideresas. “No queremos seguir contando cifras, las queremos vivas, libres y sin miedos”.

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Por su parte, la representante a la Cámara, Adriana Magali Matiz, señaló, “Hoy tenemos infortunadamente cifras desbordantes de feminicidios. En Colombia no hay certeza de que se esté contrarrestando este flagelo. En el año 2020 se cometieron 444 feminicidios, los cuales quedaron en impunidad. Hoy me complace que se regule el funcionamiento en las Comisarías de Familia. No sabemos cuántos casos de feminicidio se han dado. Debemos ir más allá de las audiencias públicas y de los debates, es momento de exigir respeto, atención y efectividad por la mujer”, dijo la congresista, perteneciente a la Comisión de la Mujer.

Participación de las organizaciones de la sociedad civil

María Ovidia, representante de la Mesa Departamental de Víctimas del Cauca, manifestó: “Es necesario trabajar en la prevención y tener una justicia restaurativa, que la Política Pública se construya con las mujeres, que permita hacer transformaciones, no solo sancionatoria. Seguimos siendo violentada en todos los escenarios. En cuanto al feminicidio, se debe tener en cuenta lo estructural que ocasiona este hecho”. Hizo un llamado para que se de atención psicosocial con las mujeres. Los Cabildos Indígenas no tienen presupuesto para tender la problemática del feminicidio.

Entre tanto Dora María Chamorro, de la comuna 10 de la ciudad de Cali, defensora de los Derechos Humanos, expresó que es necesario trabajar en prevención: “No más cifras, el Estado se ha quedado obsoleto para el tema de mujeres, tendríamos un modelo distinto de país, que nos permita la vida, porque nos están matando. En pandemia se agudizó el feminicidio y la violencia contra las mujeres. El Estado debe ser transformado, para que los temas de las mujeres sean una realidad. No podemos seguir permitiendo que nos asesinen a nuestras mujeres, por eso estamos en un S.O.S nacional”.

Igualmente, María Abey Cortés, representante del Concejo Territorial de Planeación de Vaupés, dijo que se debe fortalecer a la Policía Nacional y las Comisarías de Familia: “Es necesario generar formación y empoderamiento para la mujer. No podemos permitir que las niñas sigan siendo vulneradas a sus derechos”.

De la misma manera, Erika Muñoz, vicepresidenta de la Organización Zona Central Indígena de Mitú- OZCMI, dijo: “Veo con preocupación lo que se está presentando en el departamento del Vaupés, aquí no se ve la presencia del Estado, somos maltratadas, al igual que nuestra familia. Tenemos que ser valoradas, estamos en la capacidad de desempeñar cargos, deberían tenernos en cuenta en los proyectos productivos, para poder solventar nuestras necesidades, y se respeten nuestros derechos”.

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Así mismo, Virginia Parra, delegada por Estallido Feminista Nacional, dijo que desde el pasado 8 de febrero se han declarado en luto por todos los actos de violencia y feminicidios en el país. Hacen un llamado público a la Fiscalía, por la falta de acciones. También al Ministerio de Salud, para que se atienda a las mujeres víctimas de violencia.” Esto es una responsabilidad del Estado que debe garantizar nuestros derechos humanos”. Propuso fortalecer las medidas preventivas con enfoque de género y territorial, empleabilidad digna, optimizar las Comisarías de Familia: “No podemos seguir siendo indiferentes ante estos actos. No somos sólo cifras, somos seres humanos”.

 Por su parte Nubia Silva, integrante del Concejo Municipal del Colegio (Cundinamarca), aseveró: “Este es un flagelo nacional, y solo vemos cifras. Durante la pandemia se incrementó más el feminicidio y la violencia intrafamiliar. La dependencia económica hace que los hombres violenten más a las mujeres. Esto no lo debemos permitir, debemos hacer el seguimiento y acompañamiento psicosocial a todas estas mujeres. No queremos más mujeres violentadas, exigimos respeto por nuestras mujeres”.

Del Movimiento LGTBI intervino Nicolay Duque, quien dijo: “Infortunadamente el estimado de vida de las mujeres trans es hasta los 36 años, cada 4 personas con orientaciones sexuales o identidades de género LGBTI. Una muere por culpa de su orientación sexual y su identidad. Dos de cada cinco personas diversas han querido suicidarse, tres de cada cinco, alguna vez en su vida han sido discriminados y violentados”.

Camila Jiménez, mujer trans, dijo que, en este año, van siete mujeres trans asesinadas, “Estos hechos no se han esclarecidos. Los delitos contra nosotras se han caracterizados por la intolerancia. A nosotras nos atacan por violencia ejercida por la fuerza pública. Sufrimos la pandemia de la xenofobia del Estado, el promedio de vida de nosotras, no supera los 36 años de vida”. Pidió que se tenga una estadística que responda las necesidades de la mujer trans, seguridad, salud. “Sobre todo, necesitamos oportunidades de vida”.

“No queremos seguir contando cifras, las queremos vivas, libres y sin miedos”.

Foto portada: Cortesía RCN – Referencial.

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