Por Redacción
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (TAC) declaró nulo el Artículo 91 del Acuerdo 761 de 2020, el cual había autorizado la creación de «La Rolita», una operadora de transporte impulsada por la Alcaldía de Bogotá con el fin de ofrecer una alternativa sostenible y eficiente para la movilidad de la capital.
Los demandantes en el caso sostuvieron que la autorización de «La Rolita» vulneraba disposiciones legales, específicamente al no presentar un estudio técnico que justificara su creación, un requisito establecido por la Ley 489 de 1998 para la fundación de empresas públicas. A lo largo del proceso, se argumentó que, sin este análisis, la viabilidad financiera y operativa de la operadora quedaba en entredicho, lo que podría repercutir negativamente en el patrimonio público.
Tras evaluar los argumentos, el TAC concluyó que, en efecto, la Alcaldía de Bogotá no cumplió con el requisito de presentar dicho estudio. La falta de esta evidencia técnica vicia el acto de creación de «La Rolita», lo que llevó a declarar la nulidad del artículo.
La Alcaldía de Bogotá intentó modular los efectos de la sentencia de nulidad, buscando que la decisión no aplicara retroactivamente para así evitar un impacto inmediato sobre la operadora. Sin embargo, el tribunal rechazó esta solicitud, aclarando que la nulidad de un acto administrativo general implica efectos retroactivos. En consecuencia, el Distrito Capital deberá asumir las repercusiones derivadas de la anulación desde el momento en que el acto fue expedido, lo que establece un precedente en materia de cumplimiento de requisitos legales para la creación de entes públicos.
Esta decisión subraya la importancia de la legalidad y la transparencia en la administración pública y reafirma la obligación de proteger el patrimonio público. Con esta sentencia, Bogotá se enfrenta ahora a desafíos en el ámbito de la movilidad y la gestión de sus recursos, mientras que la ciudadanía observa con atención el curso de esta situación y sus efectos en el transporte público de la capital.
La decisión del TAC obliga al Distrito a asumir las repercusiones legales.
Foto portada: Imagen de referencia tomada del TAC.
