¿Ilegal o necesaria? La resolución ambiental que divide al Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá

una fuerte controversia entre el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán Pachón, el presidente Gustavo Petro Urrego y la saliente ministra de Ambiente, Susana Muhamad González. Mientras el Gobierno Nacional defiende la medida como un paso clave en la protección ambiental, el alcalde de Bogotá la ha calificado como «ilegal, inconstitucional y antidemocrática».

Antes de dejar su cargo, Muhamad González anunció la resolución como una de sus últimas acciones al frente del Ministerio de Ambiente. Este documento busca establecer normas estrictas para la conservación de los ecosistemas de la zona metropolitana de Bogotá y plantea directrices obligatorias para los planes de ordenamiento territorial. Entre las medidas más relevantes se incluyen:

• Protección de humedales y bosques secos.
• Regulación del uso del agua.
• Restricción a la urbanización en áreas rurales.
• Evaluación ambiental previa para nuevas infraestructuras.

📌 Hasta el 14 de marzo, todos los sectores interesados pueden enviar sus comentarios sobre la resolución para ordenar la sabana de Bogotá, proteger sus ecosistemas y adaptarla al cambio climático.

Este proceso, con más de un año de trabajo técnico y social, establece… pic.twitter.com/uIlnZxsNJv

— Susana Muhamad (@susanamuhamad) March 4, 2025

El Gobierno Nacional ha asegurado que la resolución es el resultado de «más de un año de trabajo técnico y social» y ha dejado abierto un periodo de comentarios hasta el 14 de marzo para recibir observaciones y sugerencias.

El alcalde Galán Pachón ha expresado su firme oposición a la resolución, argumentando que el Distrito no fue consultado de manera adecuada y que la medida «paralizaría a Bogotá». En declaraciones recientes, el mandatario local advirtió que el proceso es «una publicación obligatoria disfrazada de consulta para sanear un proceso ilegal, inconstitucional y que puede generar un fraude a resolución judicial».

Ante esta situación, el alcalde anunció que el miércoles 5 de febrero presentará medidas concretas para hacer frente a lo que considera un «acto ilegal».

Desde el Gobierno Nacional, el presidente Petro Urrego ha respondido con firmeza, recordando que «la Sabana de Bogotá no pertenece al Distrito» y defendiendo la necesidad de garantizar la protección de los recursos naturales. En un mensaje dirigido al alcalde, Petro insistió en la importancia de escuchar a la ciudadanía y cuidar el recurso hídrico:

«Permita que su población se exprese. El agua de la sabana hay que cuidarla porque hoy es lo más necesario para Bogotá», afirmó el presidente.

Con todo respeto alcalde Galán, la sabana de Bogotá no pertenece al Distrito. Permita que su población se exprese.

El agua de la sabana hay que cuidarla porque hoy es lo más necesario para Bogotá. https://t.co/ILCQ29FNrY

— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 5, 2025

La resolución también ha despertado preocupación entre varios concejales de Bogotá, quienes advierten que la medida podría afectar proyectos clave de infraestructura, como la ampliación de la Autopista Norte y la Carrera Séptima. Según estos sectores, la normativa podría impedir la ejecución de obras esenciales para la movilidad en la ciudad.

No es cierto.

Esto no es ninguna consulta sino una publicación obligatoria disfrazada de consulta para sanear un proceso ilegal, inconstitucional y que puede generar un fraude a resolución judicial.

Llevamos meses pidiendo conversar con el Gobierno Nacional y la ministra… https://t.co/2JgiFwo78x

— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) March 4, 2025

Con el plazo para comentarios abierto hasta el 14 de marzo, el enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá parece lejos de resolverse. Mientras el Ejecutivo sostiene que la resolución busca preservar los ecosistemas de la sabana, el Distrito alerta sobre las posibles consecuencias negativas para el desarrollo urbano. En las próximas semanas, el conflicto podría escalar y llegar a otras instancias políticas y judiciales.

Alcalde Galán denuncia la resolución como «ilegal y antidemocrática», asegurando que «paralizaría a Bogotá».