Extincion de dominio al exalcalde de Chia Guillermo Varela por posibles hechos de corrupcion 1
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Extinción de dominio al exalcalde de Chía, Guillermo Varela por posibles hechos de corrupción

Por las presuntas irregularidades que causaron un detrimento, el municipio actualmente paga por obras públicas que nunca se construyeron.

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Exalcalde de Chía, Guillermo Varela Romero/Foto/Cortesía/ Nicolás Short.


BOGOTÁ, CUNDINAMARCA.


La Fiscalía General de la Nación, en su propósito de impactar las finanzas ilícitas ocupó con fines de extinción de dominio, 11 inmuebles y sociedades por un valor cercano a los $11.000 millones, adquiridos presuntamente con dineros provenientes del fraude al municipio de Chía (Cundinamarca), en el año 2015.

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Las labores adelantadas de manera conjunta entre la Fiscalía y la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y la Unidad de Administración Pública de la Seccional Cundinamarca permitieron ubicar los inmuebles y establecimientos de comercio, en zonas exclusivas de Bogotá, Cajicá, Chía, Fúquene y Nemocón, en este departamento.

 

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Los hechos materia de la decisión judicial se relacionan con el contrato suscrito en la Administración del entonces alcalde de Chía (Cundinamarca), Guillermo Varela Romero, entre 2012 y 2015, por $19.000 millones, que tenía por objeto la construcción de una planta de procesamiento de aguas residuales y su puesta en funcionamiento con tecnologías únicas de descontaminación.

 

Tras el aumento de la población en este municipio, el proyecto de obra pretendía, además, la limpieza de las aguas negras provenientes de las empresas y de sus habitantes, las cuales eran vertidas al río Bogotá.

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Para tal fin, Varela Romero firmó un contrato el 18 de noviembre de 2015 —días antes de finalizar su período administrativo—, el cual habría sido ajustado de tal manera que violó las normas contenidas en la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública).

 

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De acuerdo con la investigación, el pago del dinero se realizó por un valor de 5’468.000 dólares a una cuenta bancaria en Miami, Florida (Estados Unidos) a una empresa diferente a la que aparece en el contrato.

 

De igual forma, la modalidad del crédito con la entidad financiera fue pactada mediante la figura de leasing, es decir, un arrendamiento con opción de compra, la cual es inusual en estos casos, por tratarse de terrenos del Estado, según indicó en la acusación el delegado del ente acusador.

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Asimismo, tras labores de inspección judicial adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía al lugar de la supuesta construcción de la planta de tratamiento, se pudo evidenciar que no se levantó la obra contratada, no se ejecutó.

 

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A esta investigación, fueron vinculados el exsecretario de Obras Públicas del mismo municipio Rafael Antonio Ballesteros Gómez y al contratista Ricardo Gailer Garcés.

 

Según lo establecido, Ballesteros Gómez habría certificado con su firma el acta final 2015-CT-381, mediante la cual dio fe del cumplimiento total del objeto contractual.

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Por esta defraudación, el municipio de Chía (Cundinamarca) debió pignorar durante 8 años a una entidad financiera, parte de las rentas obtenidas por concepto de los impuestos de industria y comercio y la sobretasa a la gasolina, agregó el fiscal encargado del caso.

 

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Los procesados

 

  • El exalcalde Guillermo Varela Romero fue imputado por contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros.

 

  • Exsecretario de Obras de Chía Rafael Antonio Ballesteros Gómez, por los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento público.

 

  • Ricardo Gailer Garcés, contratista, imputado por contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales como interviniente, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

 

Finalmente, los procesados irán a audiencia preparatoria de juicio programada por el Consejo Superior de la Judicatura para el 23 de noviembre de 2020.

 

Los bienes afectados fueron dejados a disposición la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

 

El pago del dinero se realizó por un valor de 5’468.000 dólares a una cuenta bancaria en Miami, Florida (Estados Unidos) a una empresa diferente a la que aparece en el contrato.

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