Un ciudadano de nacionalidad venezolana fue capturado en flagrancia la madrugada del 24 de julio de 2026 mientras, presuntamente, cometía un hurto en un establecimiento comercial de Chía (Cundinamarca). Tras verificar sus antecedentes judiciales por el delito de Receptación y confirmar que tenía una orden de expulsión vigente, las autoridades procedieron a su salida inmediata del territorio nacional.
El procedimiento fue posible gracias a la articulación entre Migración Colombia, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Administración Municipal de Chía, entidades que actuaron de manera conjunta para judicializar el hecho y ejecutar la medida administrativa en un lapso reducido de tiempo.
Papel jugó el CEAS en este procedimiento:
El Centro Administrativo y Operativo de Seguridad (CEAS) de Chía fue el lugar donde confluyeron las instituciones responsables de la seguridad y la justicia en el municipio. Este espacio permite que entidades como la Fiscalía, Migración Colombia, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Secretaría de Gobierno compartan información en tiempo real, lo que facilita que las decisiones judiciales y administrativas se traduzcan en acciones concretas sin dilaciones, incluso cuando el caso involucra a ciudadanos extranjeros.
¿Qué significa este caso para la seguridad del municipio?
Para la Administración Municipal, el hecho representa un ejemplo de cómo una intervención policial puntual puede derivar en una respuesta integral por parte del Estado. La coordinación entre las distintas entidades no se limitó a la captura y judicialización del delito, sino que se extendió hasta la ejecución de la medida administrativa que impidió la permanencia de la persona en el territorio nacional, en un mismo ciclo de actuación institucional.
Tras verificar sus antecedentes judiciales por el delito de Receptación y confirmar que tenía una orden de expulsión vigente.
